¿Puede el Congreso de la República intervenir en los contratos existentes?, por Edwar Díaz

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Me hago esta pregunta con ocasión del proyecto de ley que ha presentado la Municipalidad de Puente Piedra para suspender el cobro de los peajes vinculados a delitos de corrupción y conexos, con la finalidad de “proteger el interés público en beneficio de la sociedad”, y mi primera respuesta es NO.

El artículo 62 de la Constitución Política del Perú señala que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Así, ninguna ley puede modificar los contratos suscritos en el marco de normativa vigente. No obstante, existe doctrina que señala que este precepto constitucional tiene su límite en el interés público. Por tanto, las leyes sí podrían interferir en los términos contractuales pero no modificar los contratos. ¿Cómo? Por ejemplo, si se promulga una ley que prohíbe la venta de algún producto dañino para la salud, los contratos que hayan suscrito los fabricantes de dicho producto con los distribuidores del mismo no podría continuar ejecutándose, por tener objeto ilícito.

Sin embargo, en el caso del proyecto de ley en mención, advertimos que este ha sido presentado “en vista que la Municipalidad de Lima Metropolitana no otorga una solución firme ante los contratos de concesión lesivos al interés público”. Entendemos que el interés público, que aquí se pretende salvaguardar, es el derecho de los usuarios de las vías a no tener que pagar peajes considerados fruto de la corrupción.

Aquí hay un punto que debe aclararse. Se suele confundir la nulidad de los contratos con la anulación de los mismos. La nulidad implica que los contratos nacieron con un vicio al momento de su suscripción. Esto puede ser, por ejemplo, un soborno de por medio que distorsionó la voluntad del funcionario público, llevándolo a realizar una contratación con fin ilícito. En este caso, el contrato estuvo viciado desde su origen, por lo que nunca existió. La nulidad no puede ser declarada por una de las partes, sino por un tercero que puede ser el Poder Judicial o un Tribunal Arbitral. Distinto es el caso de la anulación que, en el fondo, corresponde a la figura de resolución unilateral del contrato, según la cual se parte del supuesto que el contrato es válido hasta que es anulado o resuelto.

Para que se configure el interés público que se busca proteger con el proyecto de ley no bastan los indicios de corrupción que ya todos conocemos por los medios de comunicación. Se requiere que el Poder Judicial, que es el órgano que viene investigando a las dos gestiones ediles anteriores, sentencie a los funcionarios responsables, estableciendo que existió corrupción en la suscripción de los contratos y sus adendas. En ese supuesto, no hace falta la existencia del proyecto de ley, pues la Municipalidad de Lima podría solicitar la nulidad directamente.

Por tanto, creo que el proyecto de ley presentado resulta una buena intención con un trasfondo político, como se puede advertir en su exposición de motivos, pero, de aprobarse, no tendrá un efecto práctico en la realidad, ya que si la Municipalidad de Lima usara dicha ley para intentar suspender el cobro de peajes que derivan de un contrato vigente, lo que haría un juez es invocar el artículo 62 de la Constitución mencionado y no acceder a la petición (control difuso).

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