Puno: caos sin fin, por Alexandra Flores

Mientras que la mayor parte de nuestro país parecía haber vuelto a la calma, la situación que padece Puno es distinta. Según el gerente del Gremio de Transporte Interprovincial, Martín Ojeda, durante los últimos meses los bloqueos se han vuelto cotidianos, pudiendo considerarse incluso como un sistema paralelo de poder en donde los manifestantes determinan qué hacer con las carreteras. Desarrollándose como medio de manifestación ante el desacuerdo y rechazo al gobierno de Dina Boluarte, quien se posicionó en el cargo luego del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022; siendo los factores multidimensionales y multifactoriales, como la pobreza, desigualdad y carencia de servicios básicos, la base del descontento de los pobladores. Sin embargo, las pretensiones que se han estado perpetuando durante estos últimos meses lo único que han hecho es atentar en contra del Estado Constitucional Democrático de Derecho, dejando de lado la mejora de calidad de servicios que objetan.

Según el contralor general de La República, Nelson Shack, durante los últimos cinco años Puno ha dejado de ejecutar alrededor de 2,659 millones de soles en infraestructura pública y otras inversiones en consecuencia a la alta tasa de corrupción e ineficacia que posee tanto el gobierno regional como sus municipalidades. Puno se encuentra dentro de las tres regiones con mayor tasa de incidencia de perjuicio económico por inconducta funcional y corrupción en el 2021; ante ello, las entidades del Gobierno Regional se encuentran con el peor nivel de implementación de control interno a nivel nacional. Reportando además 286 obras públicas paralizadas por alrededor de 1,2226 millones de soles, siendo dirigidas primordialmente para los sectores de saneamiento, vivienda y salud.

Es por ello que en razón a lo expuesto podemos evidenciar una gran arista en la ejecución del gasto público que posee esta región, ya que el problema no es únicamente el que no se invierta, sino que incluso lo que llegan a invertir termina siendo incompetente. Lo cual, repercute directamente en las familias puneñas, dando como consecuencia que el 49% de hogares no cuente con servicios básicos.

Ante dicha circunstancia, diversas personas se han aprovechado de tales urgencias para poder promover sus intereses políticos, haciéndolo por medio de la violencia con el objetivo de perturbar el orden constitucional e instaurar una asamblea constituyente.

Es más, al sur del lago Titicaca en la frontera con Bolivia una gran afluencia de pobladores aimaras viene impidiendo el tránsito por el puente internacional desde principios de año. Desde hace varias semanas el paso entre la frontera se colma de grandes filas de camiones varados, los cuales se ven en la necesidad de improvisar ollas comunes con los neumáticos de sus vehículos para poder subsistir. Lamentablemente el hambre no es lo único de lo que padecen, sino también del “mal de altura” que ya lleva cobrando la vida de varias personas según el médico José Alberto Capaquira en razón al fallecimiento de los siete inmigrantes haitianos. En esta parte del sur lo único que le queda tanto a los pobladores de la zona como a los inmigrantes es esperar la caridad de la gente local para que les puedan proporcionar comida o abrigo.

Las manifestaciones políticas lamentablemente han sido utilizadas como un arma de doble filo, ya que, si bien ha sido una herramienta por el cual los protestantes han podido ser escuchados, también se ha llegado a normalizar la violencia, ocasionando muertes y desastres que poco o nada tienen que ver con lo que se reclama. Lamentablemente en esta parte del país todavía no se llega a concretizar la idea de que tales actos no solo ponen en peligro el bienestar social, sino también el bienestar económico, siendo este indiferente con las personas que simplemente quieren trabajar, generando así que Puno siga en este caos sin fin.