¡¿Qué reclaman los ‘antimineros’?!

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El Perú es un país minero y los beneficios desplegados de esta actividad extractiva son conocidos. Actualmente, la producción minera representa, en promedio, 15% del PBI nacional y 50% del total de exportaciones[1]. El país se posiciona como el primer, segundo y tercer mayor productor a nivel mundial de plata, cobre y zinc respectivamente. Del mismo modo, las actividades relacionadas a esta originan cuantiosos flujos de inversión -USD 9720 MM en desarrollo y construcción de proyectos durante el 2013. Consecuentemente, la minería es fuente generadora de trabajo, recursos fiscales, producción nacional, posicionamiento a nivel mundial en los mercados internacionales entre otros. ¿Entonces, qué sucede? ¿Es que acaso estos beneficios -que parecen tan evidentes- son desconocidos por aquellos ‘antimineros’ que no dudan en arriesgar su vida a diario al sur del país?

Hoy, la actividad minera se concentra en la zona centro oriente del país principalmente en los departamentos de Ancash, Pasco, La Libertad y Cajamarca. Sin embargo, los yacimientos actuales posicionan como foco de futuros proyectos a la región sur. Es así que se espera que Apurímac y Arequipa concentren el 35% de los futuros ‘mega proyectos’[2]. Lo cual ante un contexto de disminución de precios internacionales, que vuelve menos atractivas las inversiones mineras, le da mayor relevancia a la promesa de la tierra arequipeña, cuprífera por excelencia. Promesa ofertada a la transnacional Southern Copper desde el año 2009 con la aceptación de gran parte del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Tía María por parte del Ministerio de Energía y Minas. Misma promesa que hoy se ve puesta en duda ante el violento enfrentamiento entre pobladores y fuerzas policiales y militares en una provincia que vemos declarada en estado de emergencia por los siguientes 60 días.

Sin embargo, ¿Qué reclaman -y con tanto nervio- los antimineros? Las dudas por los daños medioambientales han sido ya resueltas: el agua del río Tambo no será utilizada y la carga explosiva será minimizada para no afectar las actividades agrícolas aledañas. Sus posibles intereses por aprovecharse de la actividad -de manera informal- se ven eliminados ante la considerable inversión que demandaría trabajar en aquellos terrenos eriazos, escasos de agua. Su reclamo sin embargo, mucho menos técnico y/o económico que lo planteado, se dirige a una doble promesa incumplida reclamada directamente al presidente en todo medio de comunicación disponible.

Pasa que, los beneficios de la minería son imperceptibles para los pobladores, mientras los costos tienen trayectoria visible y perjudicial. Es evidente que la minería ha sido fuente de recursos para las economías regionales sin embargo, estos no han sido traducidos en mejoras de bienestar. Entre el 2005 y 2012 el presupuesto de los gobiernos regionales se vio incrementado, en promedio, en 143%. Sin embargo, el gasto efectivo llegó apenas al 60% de estos. [3] La ausencia de planificación y mecanismos de control hicieron además que se realicen inversiones en materia no prioritaria o en materia prioritaria pero de baja calidad. En sencillo, los gobiernos regionales no gastaron lo suficiente o lo gastaron mal. Hoy por hoy vemos todavía una Lima que concentra el 60% del empleo formal generado por el sector privado y el 47% de la oferta de educación superior. Una Lima con pobladores cuya esperanza de vida supera en 20 años a las regiones de la selva y cuyos salarios son superiores en más del doble comparados contra estos mismos. [4] Los ‘antimineros’ hoy llevan un grito originado en la desigualdad y la centralización, en un estado débil que constantemente los olvida. Llevan una decepción del canon como mecanismo de redistribución de recursos -frutos de la minería- al haber destinado mayores recursos a familias menos vulnerables, incrementando la distancia entre estas y las más vulnerables.[5] Llevan la doble promesa incumplida de un presidente que alguna vez en campaña prometió protección frente a la actividad minera y quien ya en oficio ofreció un desarrollo con inclusión social. Llevan y seguirán llevando estas ideas hasta que el gobierno central o regional sea capaz de traducir los beneficios -que parecen tan evidentes para un ciudadano con cómodo acceso a educación, salud y trabajo- en bienestar e inclusión social tangible; desarrollo con igualdad de oportunidades.


[1] INEI, 2013. Aporte al PBI por sectores. MINEM, 2014 Boletín Estadístico del Subsector Minero.

[2] MINEM, 2014.

[3] Contraloría General de la República y APOYO Consultoría, 2014. Estudio del proceso de descentralización en el Perú.

[4] MINTRA, Plantilla Electrónica 2014. SINEACE, 2014. MINSA, 2009.

[5] CIES, 2013. “El actual esquema de reparto del canon minero habría exacerbado la desigualdad”.