¿Quién controla los excesos de los magistrados?, por Raúl Bravo Sender

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¿En qué se han convertido los tribunales de justicia en el Perú? Desde luego que exigimos de nuestros jueces que apliquen la ley y sean justos. Pero no podemos abusar de las instituciones ni caer en los excesos. Y lo peor, fallar para las tribunas. La decisión del Lunes de un juez –a solicitud de un fiscal- de privar de su libertad a catorce abogados con la medida coercitiva de prisión preventiva, exige que nos detengamos a reflexionar sobre cómo se está administrando justicia.

Hoy en día los jueces tienen mucho poder. La idea es que no lo tengan sin limitaciones. La práctica judicial, basada en la aplicación de la ley, les abre un abanico de interpretaciones a los magistrados, que puede colindar con las arbitrariedades. Por ello, se ha sostenido que la ley puede decir una cosa, pero lo que realmente importa es lo que diga la jurisprudencia.

Sin embargo, es cierto que internamente en los juicios se cuentan con mecanismos para impugnar las decisiones judiciales, y de esta manera sean analizadas por tribunales superiores. Inclusive, se cuentan con procesos constitucionales, haciendo del Tribunal Constitucional una suerte de última instancia colocándose inclusive por encima del Poder Judicial –aunque ambos organismos constitucionales sean autónomos-.

Y también es cierto que los jueces inferiores deben observar los criterios y precedentes establecidos por los tribunales de superior jerarquía, con el propósito de fijar lineamientos y así la justicia sea igual para todos, aquí o en el más lejano juzgado ubicado dentro del territorio nacional y a todo nivel. Entonces ¿para qué las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República establecieron el Acuerdo Plenario Nº 01-2019/CIJ-116?

Venimos atravesando una crisis en el sistema de administración de justicia, y hemos perdido los mecanismos de control sobre la actuación de los jueces y fiscales, pues recuérdese que se extinguió el órgano encargado de ello: el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy, somos incapaces de ponernos de acuerdo en viabilizar la implementación de su reemplazo, es decir, la Junta Nacional de Justicia.

¿Quién controla a los jueces y a los fiscales? ¿La ODECMA del Poder Judicial? ¿Control Interno del Ministerio Público? Como se diría respecto de los disueltos congresistas: “otorongo no come otorongo”. Urge establecer controles sobre los magistrados, independientes y que no formen parte de las estructuras de dichas instituciones. Por lo pronto, pareciera que cierto sector de la prensa pretende interesadamente asumir dicho control sobre jueces y fiscales, los cuales terminan condicionando su actuación a lo que se venda en los medios.

Los jueces y fiscales deben entender que no son actores políticos. Sus decisiones –que tienen un impacto en la esfera personal y patrimonial de los procesados- no pueden estar supeditadas a lo que la opinión pública demande o exija. Por el contrario, precisamente de ellos demandamos juicio en medio de las pasiones sociales que hoy en día están haciendo de los juzgados verdaderos mataderos.

La justicia no es ajusticiamiento. Darle la autoridad a un tercero imparcial para que solucione una controversia implica precisamente confiarle una decisión desapasionada, al margen de los intereses y fundada en el derecho respecto de lo que es justo para todos, así unos ganen y otros pierdan. Pero en realidad ganamos todos, pues de esta manera consolidamos un sistema de justicia al cual podemos encomendarle que nos diga a quien asiste el derecho.

Los tribunales de justicia constituyen la última garantía que les queda a los individuos cuando sucumben ante las arbitrariedades del poder político. Desafortunadamente la justicia peruana se ha convertido en un espectáculo, mostrándole al público lo que demanda ver para satisfacer su morbo. Y también los ha alcanzado la frivolidad de estos tiempos en los que todo se ha mediatizado, sin importar que de por medio se mancillen honras o se atropellen los derechos que conforman al debido proceso, entre ellos el de la presunción de inocencia.

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