Reducción del 1% del IGV, por Carlos Arias

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La propuesta del Presidente de la República de reducir en 1% el Impuesto General a las Ventas (IGV), con el propósito de devolver a la ciudadanía mayores recursos que permita a través del gasto movilizar con mayor dinamismo la economía, y con ello ampliar la base tributaria, supone necesariamente realizar dos tipos de acciones. De un lado empezar a generar cultura tributaria en la ciudadanía, situación que se hace compleja en el corto plazo, debido al elevado índice de informalidad en el país. Y en segundo lugar fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), tanto en lo formal como en lo informal, situación que se convierte en una tarea sumamente difícil y costosa por cuanto la SUNAT tendría la necesidad de multiplicar su equipo de fedatarios (encargados de realizar inspecciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias), para que estos estén directamente verificando a lo largo y ancho del país el que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, lo cual si bien implicaría la generación de puestos de trabajo, nada asegura que dicha labor tenga como efecto inmediato la ampliación de la base tributaria o el incremento sostenido y permanente de mayor recaudación fiscal.

En dicho contexto, resulta imprescindible, buscar alternativas que manteniendo la propuesta del Presidente de la República de reducir en un punto el IGV, se pueda de un lado atacar el tema de la informalidad, en segundo lugar generar cultura tributaria en la ciudadanía, en tercer lugar ampliar la base tributaria, incrementando de modo sostenido y permanente los ingresos fiscales a través de la recaudación, y por último utilizar esta transformación de la recaudación fiscal en un beneficio adicional en favor de todos los ciudadanos del país, a fin de que de modo indirecto su contribución a la ampliación de la base tributaria les genere un beneficio directo relacionado con el tema previsional.

En tal sentido, tenemos que atacar el tema de la informalidad. Esta supone la necesidad de involucrar a todo peruano en la tarea de la formalización, y esto debe constituir una política de estado. Si ello es así, considero que la forma  inmediata de lograr que todos se involucren en la tarea de la formalización es haciendo del ciudadano un fiscalizador, por ende, un fedatario permanente de la actuación tributaria, quien deberá exigir en toda sus actividades económicas que realiza el que se le otorgue su comprobante de pago, de modo que el 1% del IGV que se reduce, y que él estaría pagando por cada transacción económica efectuada, deba directamente destinarse a un fondo individual de capitalización de naturaleza previsional, en la cuenta de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) que tenga el ciudadano o en una cuenta individual que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) debiera de tener para cada uno. De modo que de todas las operaciones económicas que este realice a lo largo de su vida hasta sus 65 años, el 1% de esas actividades debiera de formar parte de su fondo de capitalización previsional, con lo cual, todos los ciudadanos gozarían de un fondo previsional, y haríamos del derecho a la pensión, un derecho universal. Para lograr todo lo señalado anteriormente, se necesitaría desaparecer el RUC y hacer que el código de tributación sea el DNI.

En segundo lugar, la generación de la cultura tributaria tiene que hacerse con incentivos, y no hay mejor incentivo que el que beneficie directamente al ciudadano, por tanto si este sabe y está seguro de que el 1% que paga todos los días va a formar parte de su cuenta de capitalización previsional, tiene razones suficientes para exigir el cumplimiento de la emisión de los comprobantes de pago y por tanto generar el hábito que redunde en una cultura ciudadanía de contribución tributaria.

En tercer lugar, el hecho de que todos exijan comprobantes, y que esta exigencia se haga a partir de una nueva cultura tributaria tiene como única e inevitable consecuencia la ampliación inmediata, en el cortísimo plazo de la base tributaria.

En suma, si a la propuesta presidencial de rebaja del IGV se le incorporase los criterios de reducción de informalidad, generación de cultura tributaria y ampliación de la base tributaria, sobre el beneficio directo del ciudadano en su conjunto, no solo habremos logrado objetivos que en los 195 años de vida republicana no se ha alcanzado, sino que además podríamos universalizar el derecho a la pensión de todo peruano para después de sus 65 años. No es momento de obstruir o criticar las medidas, como viene haciendo la bancada fujimorista, sino que es imprescindible generar ideas o críticas constructivas a la propuesta del Presidente de la República que ayude no solo a que nuestro país sea gobernable, sino que se reafirme la legitimidad del sistema democrático en su conjunto y ello solo será posible buscando medidas que el ciudadano en general se comprometa con el modelo y desarrollo nacional.

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