Reforma a medias, por Pablo Ferreyros

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¿Sabe usted, estimado lector, cuántos candidatos postularon al congreso en su jurisdicción las últimas elecciones? Si vive en Lima, el 2016 debió elegir entre 360 opciones. ¿A qué porcentaje de ellos conocía? ¿Cuántas de las propuestas existentes evaluó para decidir su voto? Seguramente las respuestas a ambas preguntas sean bajas. Pero la culpa no es nuestra, sino de la manera en que el tema viene siendo regulado.

Existe un desinterés racional de buena parte del electorado por informarse adecuadamente. Este se debe a que las posibilidades de que nuestro voto individual determine el resultado final son mínimas. Sin duda, estar metido en el tema dará a algunos cierta satisfacción subjetiva que va más allá de las consecuencias prácticas de hacerlo; pero cabe pensar que esto no aplica para todos. Así, en general, mientras más difícil sea estar adecuadamente informado menos personas lo estarán.

Precisamente esto logra el actual tamaño de los distritos electorales. Debido al número de candidatos entre los que se debe elegir, el elector se ve ante una cantidad demasiado amplia de información que difícilmente querrá -o podrá- retener y comparar de forma adecuada. Si a ello sumamos el voto obligatorio, lo que se obtiene en la mayoría de los casos es una mala toma de decisiones. Todos los ingredientes están dados para que así sea.

Este problema podría solucionarse reduciendo el tamaño de las circunscripciones electorales.  Si en vez de tener que elegir a postulantes para 36 curules tuviéramos que hacerlo solo respecto a uno o dos, nuestro rango de información sería bastante más manejable. Habría, además, mayor representatividad. sin embargo, la actual propuesta de reforma electoral no se ocupa de este ni de otros temas tan o más trascendentes; como la bicameralidad o el voto preferencial.

Sin duda hay cosas que reconocerle: es un notable esfuerzo multipartidario por agrupar legislación electoral dispersa. Como apunta Fernando Tuesta, el 80% de los más de 400 artículos del proyecto corresponden a normas ya existentes que faltaba sistematizar. Además de ello, se cambia el cronograma electoral para exigir mayor antelación en las inscripciones y disponer que los procesos de exclusión se resuelvan antes del cierre del padrón electoral.

Dicho esto, también hay cuestiones que merece la pena evaluar. Tenemos, por ejemplo, que el levantamiento del secreto bancario es opcional. Así las cosas ¿qué candidato con el que sirva de algo tomar esa medida irá a aceptarla? De poco ayuda prohibir aportes anónimos si aportar sin declarar se presenta como una perfecta alternativa.

Similar inoperancia hay propuesta para sancionar el “acoso político” (con exclusión del proceso electoral inclusive). Este, en palabras de la propia congresista Patricia Donayre (coordinadora del grupo de trabajo), consistiría en “los agravios, los insultos contra la dignidad y el honor”. ¿No es esto parte de lo normal en cualquier campaña política? ¿Exactamente qué se sancionaría? ¿Las denuncias para las cuales hay indicios razonables dejarían de ser viables? Estando la difamación ya regulada, puede entenderse que la propuesta busca abarcar más. Lo lamentable es que con esto se le podría dar a la autoridad electoral el mismo poder discrecional de alterar las elecciones que se le busca quitar con los cambios al cronograma.

Pasando de las propuestas inútiles a las contraproducentes, el proyecto busca elevar la cuota de género. No se entiende que las razones para elegir deberían ser eminentemente meritocráticas. Contrariamente a ello, se introduce un criterio que nada dice del futuro desempeño del parlamentario y que, en ese sentido, resulta irrelevante. En este aspecto, el proyecto de reforma, en vez de mejorar la toma de decisiones de los votantes (como lo haría reducir las circunscripciones), la limita y empeora.

La congresista Donayre, al defender su proyecto, señalaba que es necesaria una propuesta integral, pues no puede regularse el tema a punta de parches. Estamos absolutamente de acuerdo, pero es justo eso lo que se logra dejando varias de las cuestiones más importantes de lado e incluyendo en su lugar una serie de regulaciones intrascendentes o mal hechas. Que no se moleste la congresista de que su creación haya sido considerada insumo y no predictamen. Es una buena iniciativa, pero ciertamente tiene más de un ajuste pendiente.

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