Reforma Electoral: Ineficiencia supina, por Diethell Columbus

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La mejor prueba de la ineficiencia estatal es lo que ocurre con la reforma electoral que se viene trabajando desde hace varios meses. La cuestión no es celebrar que la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República y el Jurado Nacional de Elecciones tengan el afán de presentar cada uno por su cuenta un paquete de propuestas para el citado proceso de reforma. Esta situación denota falta seriedad y una evidente incapacidad de coordinación gubernamental.

Si tres empresas privadas decidiesen invertir su tiempo y dinero para desarrollar una misma idea no habría problema alguno, empero, este no es el caso. El trabajo de la reforma electoral no es una competencia entre privados sino uno de coordinación entre entidades públicas. Por ello, esta triplicidad de funciones para lograr un mismo objetivo amerita por lo menos una reflexión; sobre todo porque lo avanzado por el Congreso, el JNE y la PCM es financiado con fondos públicos provenientes de los aportes que realizamos todos los peruanos.

Resulta preocupante que estemos frente a tres propuestas elaboradas por grupos de trabajo diferentes y con gastos en escalas diferentes y al final todos presentan prácticamente lo mismo. ¡Ya pues!

Por ejemplo, el proyecto de ley de la PCM sobre la cuota de género del 50% con alternancia, es idéntica a la que trabajó el Jurado Nacional de Elecciones en su proyecto de Código Electoral y a la que propone el grupo de trabajo para la reforma electoral del Congreso de la República. Por otra parte, la propuesta que dispone la participación de los entes electorales en los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, es la misma en las tres propuestas.

Como los ejemplos descritos, existen múltiples coincidencias que lo único que hacen es evidenciar el trabajo desarticulado y oneroso que se ha venido ejecutando. Insisto, la cuestión no es celebrar que ahora todos quieran presentar propuestas de último minuto para impulsar la reforma electoral. Lo que se desea es un trabajo serio y coordinado que no genere sobrecostos innecesarios.

Sin perjuicio de lo dicho, considero que el proyecto presentado por la PCM tiene varios temas que debieron ser revisados antes de presentarlo. Así tenemos que en la página 12 del proyecto se menciona que las organizaciones políticas no pueden recibir aportes de personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas, con sentencia firme, por los delitos de terrorismo, homicidio, secuestro, violación sexual, entre otros. ¿Una persona jurídica puede ser condenada por la comisión del delito de violación sexual, secuestro u homicidio? Al parecer la prisa por presentar esta iniciativa no les permitió revisarla con la rigurosidad que el caso amerita.

Entre las páginas 12 y 13, se propone que sea la ONPE la encargada de sancionar todo tipo de infracciones relacionadas al financiamiento de organizaciones políticas. Es de mencionar que dentro de las sanciones más drásticas están: 1) La suspensión de la participación de los procesos electorales. 2) La suspensión del registro ROP del JNE. 3) la cancelación definitiva del registro ROP del JNE de la organización política. La propuesta de norma indica que estas sanciones requieren validación del JNE.

Sobre lo anterior, conviene preguntarnos: ¿La Dirección del Registro de Organizaciones Políticas del JNE será desactivada? ¿Acaso por naturaleza de función no corresponde que este tipo de infracciones y sanciones estén a cargo del JNE y no de la ONPE? Por ahí existen otras inconsistencias que podrán advertir si revisan el proyecto de Ley N° 01315/2016-PE.

A este paso, es más probable que extraditen al prófugo Alejandro Toledo antes que tengamos una reforma electoral seria, sostenible y consensuada. Una verdadera lástima ¿no?

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