Relación tóxica, por Raúl Bravo Sender

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El Primer Ministro, Salvador Del Solar, ha planteado cuestión de confianza al Congreso de la República, de una peculiar forma: fijándole un plazo de quince días para que apruebe las reformas políticas propuestas y, asumiendo como una negación a la confianza el hecho de que el Legislativo no las apruebe en la esencia de su formulación, entendiendo así que el Presidente Martín Vizcarra podrá disolver al Congreso.

Al respecto, la Constitución establece en su artículo 93 que los Congresistas no están sujetos a mandato imperativo, ni tampoco son responsables ante autoridad alguna por sus opiniones y votos que emitan. En ese sentido, el Gobierno debe saber que no puede obligar el sentido de su votación a los legisladores, así como no podemos obligar a los jueces –bajo apercibimiento de ser destituidos del cargo- a que sentencien como queramos, pues en su artículo 146 la Constitución les garantiza a los magistrados su independencia.

Sin embargo, debe precisarse que el literal c) del artículo 86 del Reglamento del Congreso establece que la cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso, pudiendo presentarla el Premier a nombre del Consejo en su conjunto o, cualquier Ministro individualmente, y se debate en la misma sesión que se hace o en la siguiente.

En realidad, la cuestión de confianza –que la plantea el Gobierno a su iniciativa- hace de contrapeso con la figura del voto de censura ministerial formulada por lo menos por el 25% del total de parlamentarios.

Tanto la censura ministerial como la cuestión de confianza deben enmarcarse dentro de la fórmula política del Estado peruano prevista en el artículo 43 de la Constitución, que es la del gobierno unitario organizado según el principio de separación de poderes, para que ningún poder esté por encima de otro. Dado que Ejecutivo y Legislativo se ven obligados a entenderse para que el primero pueda gobernar y el segundo fiscalizar y legislar, digamos que con tales figuras dichos poderes del Estado llevan al extremo y ponen a prueba la relación.

Si se censura al Consejo de Ministros o le es rehusada la cuestión de confianza, entonces se produce su crisis total. Y en caso el Congreso haya censurado o negado cuestión de confianza a dos Consejos de Ministros, conforme al artículo 134 de la Constitución el Presidente de la República podrá disolver al Congreso.

En cuanto a las propuestas de reforma política a la Constitución planteadas por el Gobierno, es cierto que conforme al artículo 206 de la Carta Fundamental el Presidente Vizcarra con aprobación de su Consejo de Ministros tiene iniciativa de plantear reformas constitucionales. Pero el citado artículo le ha reservado únicamente al Congreso el poder constituyente de aprobarlas –con ratificación mediante referéndum-. Sumado a ello, el Presidente no puede observar la ley de reforma constitucional.

Ahora bien, si la propia Carta Magna conforme al citado artículo 206 ha limitado la participación del Ejecutivo (poder constituido) en el procedimiento de reforma constitucional tan solo a formular propuestas (iniciativa), y al Legislativo le asigna la tarea de aprobarlas con mayoría absoluta sometiéndolas a ratificación por referéndum (entiéndase que el Congreso deja de ser ordinario y asume poderes constituyentes al reformar la Constitución), entonces realmente ¿qué efectos jurídicos –y políticos- tiene la forma en que el Premier ha hecho cuestión de confianza al Congreso? ¿La no aprobación por parte del Legislativo de las reformas constitucionales formuladas por el Ejecutivo en sus mismos términos –o esencia- podrá ser interpretada como una negación a la cuestión de confianza? ¿Ello habilitaría al Presidente a disolver el Congreso?

Vizcarra y Del Solar deben entender que fundar su legitimidad en la confrontación con el Parlamento, constituye una irresponsabilidad política. Ello no borra lo deslegitimado que está el actual Congreso por el comportamiento de blindaje de una mayoría parlamentaria que si bien fue elegida por voto, se olvida también que el poder se ejerce responsablemente.