El congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, plantea sancionar con prisión efectiva a quienes aporten o reciban financiamiento de fuentes ilegales a grupos políticos.
“El que recibe o resulte beneficiado de aportes privados cuya procedencia debía conocer y que no hayan sido declarados ante la autoridad electoral competente, será reprimido con una pena privativa de la libertad de 2 a 4 años. Si el monto recibido supera las 200 UIT la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 5 años”, detalla el proyecto de ley.
Además, el legislador propone que los aportantes también reciban de igual forma una sanción penal. De esta manera, especifica que las penas oscilen entre los 2 a 4 años de pena privativa de la libertad.
“La fiscalización de los aportes corresponderá a los organismos electorales y en caso haya indicios de dinero ilegal o prohibido, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán actuar”, resalta.
Richard Acuña expresó que este proyecto nace por el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, que supuestamente habría apoyado a diversos partidos políticos en la campaña electoral del 2011.