Salud mental para la comunidad LGTBI, por Verushka Villavicencio

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Si alguna vez has observado a los ojos a una persona de la comunidad LGTBI te habrás dado cuenta que en el fondo se esconden imágenes de una vida marcada por la discriminación y el silencio. Las razones son la normalización de la exclusión en la familia, la escuela, la universidad, el trabajo, los servicios del Estado y en las instituciones privadas. Pero normalizar la violencia no puede ser parte de la agenda ciudadana de un país que camina hacia el Bicentenario.

Apenas, el pasado 26 de noviembre en Chimbote, una ciudadana transexual efectúo una denuncia ante la Defensoría del Pueblo contra la administradora del centro comercial Mega Plaza de esa ciudad, porque le impidieron entrar al baño de mujeres. Ante este hecho, la Defensoría del Pueblo ordenó que se cancele la imposición por tratarse de un delito estipulado en el artículo 323 del Código Penal. Este hecho marca un precedente vinculado al acceso libre a los servicios de uso público para todos los ciudadanos y reivindica el derecho a la igualdad. Representa la visibilización a un problema invisible durante años en el país.

De igual forma, llegó la hora de que el Estado adopte medidas que incluyan a la comunidad LGTBI, en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos, en todos sus servicios. Es el Ministerio de Salud el único ministerio que apenas hace 5 meses ha capacitado a 500 profesionales en salud mental de Lima y Callao para facilitar su acceso y mejorar la calidad de la atención en los centros de salud comunitarios para esta comunidad. Psiquiatras, psicólogos, enfermeras, obstetras y médicos infectólogos del programa VIH están brindando un servicio inclusivo a esta comunidad. Pero no es suficiente.

Si tienes amigos o amigas en la comunidad, sabes entonces que las historias de discriminación y violencia silenciadas por décadas lesionan su autoestima y ganas de vivir. Hace unos días, en la presentación de la primera encuesta virtual para la población LGTBQ+ efectuada por la organización “Más Igualdad”, a un total de 323 personas miembros de la comunidad, el 83% menciona que ha sufrido violencia psicológica, verbal, física y sexual. Y el 75 % sufrieron algún tipo de discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. De todos ellos, 5 ciudadanos reportan haber tenido intentos o ideación suicida. Pero las cifras respecto a la violencia que acaba en la muerte llegan a 99 personas de la comunidad asesinadas entre el 2008 y 2016, según fuentes de “Más Igualdad”.

Preservar la integridad de la comunidad LGBTQ+ como la de cualquier población en situación de vulnerabilidad obliga al Estado a tomar acción desde un enfoque de derechos humanos que prevenga acciones violentas y recupere la salud mental de esta comunidad. Entendamos que la salud mental es un bien social que debe producir bienestar a lo largo de su vida, en el hogar, la escuela, el trabajo y los espacios públicos. Pero, es el bienestar emocional que se asocia a la satisfacción por la vida, lo que también debería ser protegido por el Estado. Resulta una vulneración a los derechos humanos, las prácticas conocidas como “conversión” que intentan cambiar la identidad de género de estos ciudadanos. En la encuesta ya mencionada, el 40% reporta haberlas padecido. Esta situación se controlará en parte por las atenciones en los centros de salud del Ministerio de Salud, pero existe otra que depende de la educación que cada uno de los ciudadanos debemos tener frente a esta comunidad. Se trata de un trato inclusivo y del respeto como pilares de la dignidad que la comunidad LGBTQ+ merece.

Resulta importante ahora que se acercan las elecciones del 26 de enero que identifiquemos a los congresistas que sólo durante 15 meses podrán representarnos y marcar precedentes favorables para las comunidades excluidas de sus derechos ciudadanos. Votar es un derecho y una responsabilidad.

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