Leyendo a Augusto Rey (“Majadería ideológica”, Perú 21, 06.08.2018), le sugeriría que revise cifras antes de insistir con más programas sociales como el medio para menguar la pobreza en el Perú. Las estadísticas nos demuestran que no ha existido una correlación entre más gasto social y reducción de la pobreza. Ésta, por el contrario, se incrementó en el 2017 alcanzando el 21,7% de la población –debido precisamente a la disminución de la inversión privada que viene experimentándose desde los últimos cuatro años- a pesar que el presupuesto público de dicho año fue mayor 4,7% en relación al del 2016.
Por ello, creer a estas alturas que la apuesta por el mercado y la inversión privada tiene un sustento puramente ideológico, resulta totalmente fuera de lugar. Las cifras hablan por sí solas y no entienden de ideologías. Creíamos que el debate ya se había superado. Sin embargo, todo parece indicar que aún hace falta bastante pedagogía. Pero sobre todo, despercudirnos de muchos prejuicios al momento de abordar la problemática nacional.
Ahora bien, a todo esto, ¿qué son los derechos sociales? Para un constitucionalista formado en el positivismo jurídico, son los denominados derechos humanos de segunda generación –los también llamados derechos económicos, sociales y culturales-, cuya naturaleza es la de ser tuitivos, es decir, que le corresponde al Estado –por mandato constitucional- su cobertura. Pero lo que no completan en decirnos dichos letrados es que aquel aseguramiento lo es con el dinero de todos los contribuyentes. En suma, a las finales todos asumimos el costo.
Lo sorprendente de todo es que el Estado gasta riqueza que ni siquiera ha producido, pues ésta en realidad la crean los emprendedores en el mercado. Y lo peor es que la gasta mal, pues ni siquiera llega a quienes verdaderamente merecen los programas sociales debido al populismo y clientelismo generados a su alrededor por mafias que terminan decidiendo discrecionalmente quiénes sí tienen derecho al desayuno o al almuerzo y quiénes no.
Por ello, los derechos sociales en realidad son la manera cómo unos viven a expensas de otros. Siendo el presupuesto público y la política tributaria los mecanismos legales por los cuales hoy en día el Estado se ha convertido en el moderno Robin Hood que hace ¿justicia social? frente a la que consideran como una inequitativa repartición de la riqueza en los mercados.
No hay nada más justo que ganarse la riqueza por mérito propio. Y aquello sólo puede darse en el mercado, escenario donde operan miles y millones de libres acuerdos en los cuales los terceros –incluido el Estado- están demás. Es moralmente inaceptable desde todo punto de vista utilizar al Estado como un mecanismo para quitarles a unos y darles a otros bajo una aparente igualación de condiciones. Ello, en el fondo, constituye un robo y asalto al patrimonio de los incautos contribuyentes.
Si nuestra manera de entender el desarrollo –y la reducción de la pobreza- lo es a costa del dinero de otros, entonces ya se ha configurado un conflicto moral –y hasta legal-. No puede disponerse de lo que no nos pertenece. Sin embargo, los legisladores y los planificadores del desarrollo –especialistas en gestión pública y programas sociales, con altos estudios sobre cómo gastar lo que no es suyo- a menudo lo hacen con sus políticas tributarias basadas en el pseudo principio de que paguen más los que más tienen.
Desde luego que todos queremos estado de derecho con democracia, justicia predecible, imperio la ley. Pero éstas son instituciones que se van labrando en el día a día, cuando internalizamos una serie de principios y valores partiendo desde lo más básico: respetar los acuerdos y lo tuyo y lo mío. En otras palabras, no son obra y gracia de sabios planificadores del desarrollo, ni muchos menos lo son a costa ni disponiendo de los derechos de propiedad y contratos de los peruanos.
Lucidez no necesariamente comparte las opiniones presentadas por sus columnistas, sin embargo respeta y defiende su derecho a presentarlas.