La disolución del Congreso del pasado 30 de Setiembre, por parte del Presidente ¿de facto? Martín Vizcarra, nos ha ayudado a identificar quiénes quieren ver al Perú sumido en la pobreza, el subdesarrollo y la precariedad institucional. Me estoy refiriendo a los partidos, movimientos, gremios y personalidades –que fungen de intelectuales y artistas- de la izquierda –con todos sus matices-, que otra vez se han puesto al servicio de un gobierno golpista, exigiendo de paso una Constituyente para cambiar el modelo económico.
Ya lo hicieron durante el velascato, cuando la dictadura militar de entonces, por legitimarse ante la sociedad, creó al Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, integrado por civiles con orientación socialista. De esa manera, Juan Velasco logró aparentar un relativo grado de democracia, con una izquierda sumisa.
Muchos políticos que hoy se venden como defensores del estado de derecho, se olvidan que sirvieron a aquella dictadura, manejando organismos y empresas estatales, y despotricando contra toda oposición a través de los medios de comunicación confiscados.
Es penoso ver como las mismas personas que despotricaron contra el autogolpe del 5 de Abril del ´92, hoy aplauden la decisión inconstitucional de Vizcarra. Para ello alegan que no ven tanques en las calles, que el Poder Judicial y el Ministerio Público funcionan normalmente, que la prensa se expresa libremente. Ingenuos. Ello sería como afirmar que, al no haber agresión física al agraviado en el hurto, entonces no es un delito contra el patrimonio, cuando en realidad tanto el robo como el hurto lo son.
Hoy en día, esa misma izquierda vuelve a cumplir un papel abyecto de lavarle la cara a un gobierno constituido por encima de la Constitución. Alineados –como si coordinaran paso a paso un guión- los vemos escribiendo en diarios, dando entrevistas en los medios, opinando desde la ley, para legitimar ante la opinión pública (nacional e internacional) lo que ha sido un atropello a la institucionalidad democrática.
Para Rosa María Palacios (La República, 02.10.2019) no ha habido golpe de estado, por cuanto “Antes de poner al voto el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos, el Congreso votó una cuestión previa. ¿De qué trató? De decidir si el Congreso atendía la cuestión de confianza (…) de forma inmediata (…) o si se rehusaba a atenderla (…)”. En efecto, sólo se decidió no atenderla inmediatamente, más no el fondo, es decir, si se concedía o se negaba, y no como contraria y erróneamente nos quiere hacer creer.
La interpretación de Vizcarra de entender que el Congreso le rehusó “fácticamente” la confianza a su gabinete, no tiene amparo constitucional. La voluntad del Poder Legislativo no se presume, pues al estar integrado por diversas bancadas parlamentarias, debe reflejar un proceso democrático de someter a votación la decisión –en este caso- de conceder o negar la confianza.
Así mismo, es imposible presumir que el Congreso haya dado una ley, pues ésta sólo se da al aprobarse por votación en el pleno. Igual ocurre en el escenario jurisdiccional, es decir, cuando un tribunal no cumple con expedir sentencia en el plazo, no podemos asumir que haya desestimado la pretensión.
RMP, como buena abogada que es, debe tener presente lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento del Congreso de la República: “La cuestión de confianza (…) será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso”. Por el contrario, cae en error al confundir el procedimiento parlamentario de la cuestión previa con la figura de control político de la cuestión de confianza. Lo que se votó por la mañana del Lunes 30 de Setiembre no fue la cuestión de confianza sino la cuestión previa. Entonces, el Presidente aún no estaba habilitado para disolver el Congreso, al no haberse configurado una crisis de un segundo gabinete. Por ello, sí hubo golpe de Estado.
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