Severidad selectiva, por Gonzalo Ramírez de la Torre

"No es el 'pecado' lo que hace reaccionar al Gobierno sino el escándalo que viene con que este se haga público".

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El lunes, durante una visita al lugar donde ocurrió la trágica deflagración en Villa El Salvador, el presidente Martín Vizcarra dio a conocer que se “aceptó la renuncia” del entonces ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu Yonsen. Aquello luego de que el noticiero “Panorama” diese a conocer el domingo que este había sido asesor de Odebrecht antes de su paso por la referida cartera.

También se supo que Liu, por pedido del exprocurador ad hoc del Caso Lava Jato Jorge Ramírez, se reunió el 9 de enero con representantes de la constructora brasileña para conversar sobre el estado del Gasoducto Sur Peruano. Ayer, una resolución firmada por el procurador general de la República, Daniel Soria, dio cuenta de que Ramírez también había sido cesado.

Por si quedaba alguna duda sobre qué motivos precipitaron este último despido, Soria, en declaraciones a la prensa, lo atribuyó a “los acontecimientos del fin de semana, por todos conocidos”. A saber: la revelación de la mentada reunión. “El objetivo pudo haber sido defender los intereses patrimoniales del Estado, pero lo que debe quedar claro es que los caminos para llegar siempre al logro de ese objetivo, deben ser caminos diáfanos, claros”, añadió.

Mucho puede discutirse sobre la pertinencia de ambos despidos. Liu asesoró a Odebrecht desde el sector privado y Ramírez puede haber estado ejerciendo, con la programación de la reunión y como dijo Soria, sus obligaciones como abogado del Estado. No obstante, lo que resulta verdaderamente inexplicable es cómo ha reaccionado Ejecutivo

Como lo ha dejado claro el procurador general, la salida de Ramírez responde a que el encuentro pactado con Odebrecht fue interpretado como algo poco transparente y digno de sanción –se esmerarán en decir que no se trató de esto pero un despido nunca es una condecoración–. Lo mismo ocurre en el caso de Liu, sus antecedentes (que Vizcarra debía conocer) y el cónclave con la firma brasileña fueron juzgados como algo incorrecto por el presidente y su equipo y adiós. Sin embargo, al tratarse de una reunión de hace más de un mes ¿la medida no parece un poco tardía? Además, si lo ocurrido es evaluado como algo tan nocivo ¿no debieron rodar más cabezas, especialmente cuando es innegable que más personas sabían que esto se dio?

Según Liu, tanto el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, como la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, sabían del encuentro del 9 de enero –nadie lo ha desmentido–. Incluso asegura que el ingreso de la gente de Odebrecht al ministerio fue registrado. Si el primer ministro lo supo y eligió no hacer aspaviento al enterarse ¿eso no lo hace cómplice de aquello que Vizcarra –y él mismo– hoy sanciona? ¿por qué recién actúan ahora? ¿por qué solo caen Liu y Ramírez?

La pita, dicen, se rompe por el lado más débil, empero, en este caso parece estar cediendo por el lado que menos incomoda al presidente y por el que se considera suficiente para las cámaras. En fin, no es el “pecado” lo que hace reaccionar al Gobierno sino el escándalo que viene con que este se haga público. No es transparencia lo que procuran (esto se hubiese sabido el mismo 9 de enero si fuese así), sino controlar los daños. Aún así, Zeballos y Revilla están pasando piola.

Pero claro, no son los únicos libres de castigo. El presidente Vizcarra sabe muy bien cómo cercenar a los miembros del Gabinete que pueden poner en peligro la asepsia de su administración, pero siempre es muy selectivo cuando lo hace. El ministro de Transportes, Edmer Trujillo, puede percudir al Gobierno con graves acusaciones de corrupción, como la del hospital de Moquegua, pero no le pasa nada. Igual con el ministro del Interior Carlos Moran, que puede entregarse a populismos xenofóbicos y brillar por su incompetencia pero permanece atornillado al cargo. El trato, creemos, debería ser igual para todos.

En lo que concierne al affaire Liu, sin embargo, parece haber mucho que aún no se sabe y mucho que el Gobierno aún debe transparentar. La severidad selectiva de esta administración solo genera más dudas.