¿Sirve de algo la Ley Universitaria?, por Pablo Ferreyros

299

“Si yo compro gasolina de 97 octanos, lo que me vendan debería ser gasolina de 97 octanos; de lo contrario al Estado le correspondería intervenir. Ocurre lo mismo con ciertas universidades que te enseñan cualquier cosa vendiéndotela como -digamos- ingeniería industrial”.  El anterior argumento pretende justificar la Ley Universitaria, considerando prácticamente una estafa el nivel académico que ofrecen ciertos centros de educación superior. La analogía, sin embargo, no es tan exacta: el octanaje de la gasolina es objetivamente medible y ésta, a su vez, es objetivamente distinguible de –digamos- el kerosene. Es así porque es un objeto sensible y con existencia  física en la realidad. La ingeniería industrial, por el contrario, es un constructo social, un concepto que no podemos aprehender con los sentidos. Resulta más difícil de lo que parecía inicialmente, entonces, distinguir lo que es ingeniería industrial de lo que no.

Si nos entendemos cuando hablamos de esta carrera- o de cualquier otra- , sin embargo, es porque tenemos un concepto común de lo que es y, en ese sentido, ya la tenemos implícitamente definida.  Aun así sigue siendo difícil determinar por qué el programa de estudios que ofrece determinada universidad no es ingeniería industrial, pero asumiendo, pese a ello, que pudiéramos hacerlo adecuadamente, la Ley Universitaria sí serviría para cerrar ciertas carreras que se dictan insatisfactoriamente o a las universidades responsables. ¿Servirá, sin embargo, para mejorar realmente la educación superior? Ya se ha criticado que la ley contiene varias regulaciones absurdas que de poco sirven al que se presenta como su cometido. Imponer que los 70 años sean la edad límite para ejercer la docencia universitaria, por ejemplo, es un criterio arbitrario que solo priva a la educación superior de lo que aporta la experiencia y que hubiera dejado fuera de las aulas a figuras como Julio Cotler o José Agustín de la Puente. Por otra parte, exigir maestría a los profesores podría simplemente llevar a las universidades que los emplean a darles el cartón requerido, por decir lo menos, con una flexibilidad particular.

El problema de fondo, sin embargo, va mas allá. Se encuentra, creemos, en nivel académico de los estudiantes que ingresan a las universidades; el Perú, recordémoslo, ocupó el último lugar a nivel mundial en la prueba PISA más reciente. “Yo enseño en dos universidades, pero a los alumnos de la otra les exijo el 50% de lo que le exijo a los de acá”, se lamentaba un profesor de relaciones internacionales de una universidad limeña bien ponderada en el entorno nacional pero mediocre en los rankings internacionales.  “Y les exijo el 50% -proseguía- porque con las justas pueden darme el 30%”. Así, buena parte del problema de la educación superior sería , por un lado, que los profesores y centros de estudio se tienen que adaptar al bajo nivel de los estudiantes. Después de todo, aunque el profesor realizara satisfactoriamente sus estudios de maestría –o incluso de doctorado en Harvard-, probablemente no podría elevar mucho el nivel de lo que enseña en su clase ni transmitir a sus alumnos los conocimientos que acaba de adquirir. Y, por el otro lado, que quienes ingresan a las universidades tras una educación escolar deficiente tienden a buscar también algo que se adapte a ellos sin ponerles muchas trabas, constituyendo un perfecto publico para las universidades basura.

Con un mejor sistema educativo en el nivel escolar no solo se podría aprovechar mejor lo que ya se tiene sino que el tipo de universidades que nos preocupa tendría menor demanda.  La educación universitaria, entonces mejoraría sola y de manera más efectiva. Es importante que se facilite y difunda información relativa a la calidad de las universidades, como la empleabilidad de sus egresados o la posición de estas en rankings internacionales. Pero lo más importante para posibilitar un cambio real es mejorar la deficiente educación escolar. ¿Cómo lograrlo? Es una pregunta compleja que debe ser considerada aparte –y seguramente lo sea en un próximo artículo-, pero la propuesta de Milton Friedman sobre generar libre competencia e incentivos adecuados mediante un sistema de vales no debería dejarse de lado. El quid del asunto, finalmente, es que las cosas no mejoran simplemente porque el Estado así lo ordene. Y nunca nadie ha obtenido buenos resultados queriendo meterle gasolina de 97 a una camioneta (o, en este caso, a una mototaxi) que funciona con petróleo.