La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se pronunció en contra de la nueva Ley de Minería anunciada por el Poder Ejecutivo. Según el presidente del gremio, Manuel Fumagalli, algunos gobernadores regionales buscan revivir “el estatismo”.
“Quieren impulsar una sobrecarga fiscal sobre todo el sector minero y la creación de una empresa estatal minera, ahuyentando la inversión privada en esta importante industria productiva del país”, precisó.
Alertó que esta iniciativa destruirá la competitividad de la minería peruana, alejando la inversión privada y dando como resultado menores ingresos para el país y mayor pobreza.
“Los peruanos ya conocemos la nefasta experiencia del estatismo, que en las décadas de los 70 y 80 impulsó empresas públicas ineficientes, quebró la economía nacional y generó una terrible hiperinflación. Mas bien, se deben focalizar los recursos del Estado en mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento, entre otros, en beneficio de todos los peruanos.”, advirtió.
La SNMPE, por otro lado, resaltó que estos planteamientos tendrían como objetivo la expropiación, al pretender que el 80% de las utilidades de las empresas se queden en poder del Estado.
“Esa iniciativa desencadenaría la paralización de la exploración en circunstancias en que ya registra una caída mayor al 50% en los últimos 5 años y de 17% en el primer semestre del 2019. No olvidemos que la exploración es fundamental para encontrar los yacimientos que se convertirán en las minas del futuro.”, agregó.
Finalmente, denunció que la nueva Ley de Minería debilitaría los mecanismos de fiscalización ambiental, debido a que los gobernadores pretenden asumir esa tarea, que actualmente está a cargo de una institución técnica como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“Los gobiernos regionales buscan asumir la fiscalización de la gran y mediana minería, cuando ya su capacidad ha sido desbordada en su atención a la pequeña minería y minería artesanal. Con esa iniciativa debilitarían las funciones de la OEFA y ponen en riesgo la supervisión ambiental y el combate contra la extracción ilegal de minerales que tanto daño hace al país”, sentenció.