Solucionemos de una vez el problema, por Pablo Ferreyros

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La marcha del sábado se dio porque, al margen de si dicha preocupación es real, hay un sector de la población en contra de que se incorporen aspectos de la teoría de género a la educación pública. Existe también otro sector que está plenamente a favor, como se vio en las reacciones a ésta. Y en el medio, desde luego, toda una escala de grises que solo acepta determinados aspectos de esta corriente. Esto no debería ser un problema, lo normal en una sociedad abierta es el disenso. Lo hemos vuelto un problema por un mal diseño de nuestras políticas públicas.

La educación pública, casi inevitablemente, supone la imposición de contenidos valorativos o polémicos. Aun si no se la usa con fines políticos, necesariamente serán decididas por el Estado una serie de cuestiones que corresponderían a los padres. Pensemos, además del  género y la sexualidad, en asuntos como el  patriotismo y la religión. Si los padres sienten que hay una ruptura entre los ámbitos familiar y escolar, habrá tensiones. A ello se suma que la educación pública podría eventualmente prestarse a fines de homogeneización social y a menoscabar en el largo plazo la libertad y diversidad de pensamiento.

Una forma de solucionar estos problemas es hacer lo que John Stuart Mill ya proponía en el siglo XIX: que los contenidos valorativos o polémicos no se enseñen como verdades objetivas sino como la revisión amplia y neutral de distintas tendencias. La idea es buena, pero su limitación principal es que la tentación de favorecer alguna de estas tendencias siempre estará ahí. No pensemos necesariamente en fines políticos del Ejecutivo, los sesgos del mismo profesor podrían terminarse imponiendo.

Ante estas limitaciones, una segunda opción es la propuesta por Milton Friedman en los 60s: cambiar nuestro enfoque de subsidios a la oferta por uno de subsidios a la demanda[1]. La idea consiste en entregar a los padres de familia de menos recursos vouchers que sirvan específicamente para pagar pensiones escolares. De esta manera, serían ellos quienes elijan a qué colegio enviar a sus hijos.

Esto no quita que el Estado pueda seguir exigiendo condiciones mínimas de calidad, los vouchers podrían no valer para los colegios que no cumplan requerimientos mínimos. Podrían además ser de montos variables en función de las necesidades de cada familia. Más allá de la forma de aplicación, lo importante es que no solo se mejoraría la calidad de la educación -a través de la competencia-: también se resolvería el problema del que venimos hablando.

Situaciones como la que saltó  a la palestra este fin de semana se producen porque los colegios estatales suelen ser la única alternativa a la que sus alumnos pueden acceder. En un esquema como el planteado, en cambio, los padres podrían elegir el centro educativo que más se alinee con sus formas de crianza y con los valores que buscan transmitir a sus hijos. Se evitaría así esta ruptura entre los distintos ámbitos y el principio de subsidiariedad, que da a los padres la posición preferente para educar a sus hijos, se vería optimizado.

Esto no significa, desde luego, que en los colegios se vaya a enseñar cualquier cosa. Como ya dijimos, estándares mínimos de calidad podrían exigirse. Pero si en uno se enseña que la sexualidad está determinada por la naturaleza y desde el nacimiento mientras que en otro se la considera en socialmente construida, bienvenido sea. Lo mismo si en uno se enseña el catolicismo y en otro el judaísmo o el luteranismo. Lo importante es que se preserve la libertad de pensamiento, la diversidad de opiniones y el derecho de los padres a ser los actores principales en la formación de sus hijos. La educación no tiene por qué ser una aplanadora social.

[1] Expliqué con más detalle la propuesta de Friedman hace unos meses: https://www.lucidez.pe/tribuna-universitaria/lecciones-de-la-interpelacion-ii-por-pablo-ferreyros/

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