Somos libres, seámoslo siempre, por Valeria Burga

"Para el hemisferio conservador de la sociedad peruana, nadie más que Dios tiene la facultad de decidir sobre la vida de una persona y quien vaya en contra de esto es acusado de faltar los lineamientos divinos".

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Eutanasia, según la Organización Mundial de la Salud, es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Por su parte, la Asociación Médica Mundial postula que es un acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar. Para ser honesta, en muy pocas oportunidades este tema fue de discusión en alguna reunión, clase o conversatorio. En general, me atrevo a decir que prestamos más atención a otro tipo de situaciones coyunturales y controversiales, más aún ahora, que debido a la pandemia caótica que atravesamos, tenemos la mente en otro lado. Entonces te preguntarás: ¿Por qué lo traigo a la mesa en este momento? Se trata de una cuestión de justicia para Ana Estrada y todas aquellas personas que no pueden decidir sobre su vida. Así de simple.

A sus 44 años, Ana se encuentra postrada casi veinte horas al día a causa de la polimiositis, sin poder realizar actividades cotidianas que tú y yo sí. Ni siquiera logra respirar con normalidad. En realidad, hay muchas cosas que ella no puede hacer o elegir, pero a toda esa lista se suma el impedimento de morir de manera digna, pues esta elección no está en manos de ella sino en las del Estado. Sin embargo, una luz se asomó en el túnel en el que se encontraba cuando el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y Essalud respetar y atender la decisión de poner fin a su vida por medio de la eutanasia. No había más que hacer, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo señaló que cerrarle las puertas a Ana de tomar esta decisión estaría vulnerando una serie de derechos constitucionales de toda persona, como disfrutar de una vida digna o no ser sometida a tratos crueles e inhumanos.

Por si usted que está leyendo este artículo no sabía, aunque dudo, en nuestro país toda forma de eutanasia está legislativamente prohibida y es punible por el Código Penal Peruano a quien le aplique. Aquí tengo que citar al Artículo 112 para que quede más claro: “el que por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor a tres años”. Dicho esto, hay quienes respaldan la sentencia judicial y me incluyo. Perú ha logrado un avance notable en lo que respecta a derechos humanos: algo que no deberíamos ignorar.

Como ya estamos acostumbrados, en la otra orilla están quienes no pueden tolerar una acción como esta. Es más, se han dedicado a criticar hasta el cansancio la decisión de las autoridades basados en sus argumentos religiosos. Para el hemisferio conservador de la sociedad peruana, nadie más que Dios tiene la facultad de decidir sobre la vida de una persona y quien vaya en contra de esto es acusado de faltar los lineamientos divinos. Aunque quien escribe no es creyente, debo reconocer que la Iglesia Católica es un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú e incluso la Constitución avala todo lo dicho. Pero, es este mismo documento que, en el Artículo 1 postula: “la defensa a la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Entonces, somos libres de defender nuestra libertad y dignidad sin importar religión, raza o sexo. Ana Estrada también lo es.

El respeto de los derechos humanos es clave. Teniendo en cuenta que estamos en pleno siglo XXI, ya no existe espacio para la postergación o ignorancia de los mismos. Mientras estamos a la expectativa de este caso, el respeto y empatía por Ana debe primar sin lugar a dudas. No se trata de lanzar improperios como: “Si quiere morir que se suba a un edificio y se tire”. El objetivo está en cambiar ese chip tan arraigado que ha sido incrustado en nosotros.

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