Soy incompetente y te quiero expropiar, por Michel Hoffmann

La incapacidad en los tres niveles de gobierno es tan grande que ni siquiera son capaces de reconstruir los hospitales destruidos hace tres años, pero se pretende expropiar y gestionar clínicas privadas sin dar soluciones de fondo.

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El pasado lunes 22 de junio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, participó en la firma del acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido para la Reconstrucción del Norte. El acuerdo contempla que dicho país brindará asistencia técnica para la construcción de las soluciones integrales en el manejo de 17 ríos, 5 quebradas y el drenaje pluvial de 7 ciudades de la costa, además de la reconstrucción de 9 Hospitales, 6 Centros de Salud y 74 instituciones educativas en 9 regiones del país. La inversión que se tiene establecida para los próximos dos años es de alrededor de 7,000 millones de soles.

Esta noticia no tendría nada de llamativa sino fuera por el detalle, no menor, que el fenómeno climatológico denominado “Niño Costero” durara desde diciembre de 2016 hasta mayo de 2017 – ¡ahora estamos en junio del 2020! Según la información publicada en el portal de la Reconstrucción con Cambios (RCC) a noviembre del 2019 solo hay un avance en la ejecución de las obras e intervenciones del 15% del total de los 25,000 mil millones proyectados; no entremos siquiera a la discusión de la calidad del gasto público. Casi 3 años después de haber concluido tamaña catástrofe, tanto en pérdida de vidas humanas y daño a la propiedad privada, así como de destrucción de la infraestructura social y productiva, el Gobierno de Kuczynski–Vizcarra, incapaz de haber hecho su trabajo de reconstruir la infraestructura pública dañada, reconoce su incompetencia y entrega la gestión de la reconstrucción a un gobierno extranjero para que lidere el trabajo de los contratistas privados; cuanta falta hacen hoy por ejemplo esos 15 establecimientos de salud públicos.

Por otro lado, el 24 de junio, día 101 de la cuarentena decretada, el presidente Martin Vizcarra anunciaba que daba un plazo de “48 horas para que lleguen a un acuerdo” entre el Ministerio de Salud y las clínicas privadas, caso contrario se procedería a invocar al artículo 70 de la Constitución. No deja de ser curioso que dos días antes trasladara a terceros la gestión y ejecución de una inversión tan necesaria como la Reconstrucción del Norte, mientras que amenazaba con expropiar a las clínicas privadas para que sean gestionadas por el Ministerio de Salud.

La contradicción salta a la vista y pareciera una confusión, aunque en el segundo caso más pareciera ser un nuevo acto de “show populista”. Según el propio Ministerio de Salud, todo el Perú pasó de tener 247 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a tener mil. Sin embargo, según la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), gremio que reúne a más de 65 centros médicos privados, sus asociados cuentan en Lima con un total de 295 y en provincia 48 camas UCI, estando su mayoría en uso.

Si hoy la mayoría de camas privadas UCI están en uso, ¿cuál hubiera sido el efecto positivo para la población infectada pasando éstas a ser gestionadas por el Estado Peruano? Si el motivo es la oferta de camas UCI y sus costos, ¿por qué no se previó y buscaron acuerdos antes de la crisis sanitaria? ¿No hay acaso manuales de prevención y planes de emergencia ante desastres naturales por ejemplo que sirvieran como base?

El sistema de salud nacional, tanto público como privado debe competir. Por un lado, se debe invertir más y mejor en hospitales descentralizados con equipos y personal calificado. Por otro lado, el Estado Peruano debe reducir las barreras de ingreso al mercado tanto de centros como de seguros médicos para lograr una verdadera competencia tanto en precios y servicios, dando fin a este oligopolio de traficantes de la salud.

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