En una discusión reciente con un grupo de amigos sobre el rol del Estado en el ahorro para la vejez, una amiga fastidiada exclamó: “Yo pago mis impuestos y a mí el Estado no me da nada, ni carreteras, ni hospitales, ni nada”. Me pareció curioso que muchas veces pensemos de esta manera cuando muchos de los productos y servicios que consumimos vienen subsidiados. ¿Qué quiero decir? Que el Estado cubre una parte del precio, y que no pagamos “el precio de etiqueta”. Una de las formas más comunes de subsidios son los que se aplican a la energía, principalmente a la electricidad, a los combustibles, al gas y al transporte público. ¿Está seguro que no recibe ninguno de estos subsidios?
Los subsidios a la energía son un tema complicado. No a nivel teórico, donde las cosas siempre son más fáciles, sino en su implementación. En primer lugar, representan un costo fiscal. El Estado lo debe cubrir y muchas veces se convierten en un gasto rígido, es decir, que no se puede modificar fácilmente. Además eliminar un subsidio tiene un costo político. Pero no es el único costo que generan. Los subsidios puede reducir el espacio fiscal para gastos que pueden impulsar el crecimiento y desplazan gasto público que podría ser usado en infraestructura, educación, salud y seguridad social. Esto es crítico en países en los que los ingresos del gobierno son relativamente bajos. Por ejemplo, en El Salvador, los subsidios a la energía representan 1.7 por ciento del PBI, en tanto que el programa social más grande del gobierno apenas alcanza 0.2 por ciento del PBI. Los subsidios desincentivan la inversión en producción de energía y afectan el crecimiento a largo plazo. Además conllevan a una mala asignación de recursos hacia actividades intensivas en energía. En el caso de los países que son importadores netos de energía, los subsidios generan presiones adicionales sobre las cuentas externas. Por otro lado, el mayor uso de energía barata empeora los efectos del cambio climático, la contaminación y la congestión. Asimismo, agravan la inequidad ya que benefician aquellos que consumen más energía. Un estudio del año pasado del Fondo Monetario Internacional revelaba que el 43 por ciento de los subsidios a los combustibles en países de ingreso bajo y medio es recibido por el 20 por ciento más rico.
Los subsidios a la energía tienen un impacto limitado sobre la distribución de los ingresos. Ello quiere decir que sí reducen la desigualdad de los ingresos, pero no lo hacen mejor que otras opciones. Así, por ejemplo, en una evaluación de subsidios a la electricidad en Centroamérica utilizando datos de las últimas encuestas de hogares se comprobó que los subsidios ayudan a reducir la desigualdad pero con los mismos recursos se podría lograr una mejora mucho mayor usando transferencias focalizadas. Ante ello se hace necesario mejorar el sistema. Pero no es necesario inventar la pólvora. Después de todo, pequeños cambios en el diseño de los subsidios a la energía puede tener grandes impactos sobre el segmento de la población de menores ingresos. Así, por ejemplo, cambiar de un esquema basado en tarifas crecientes por bloques (se establecen tarifas crecientes para diferentes bloques de consumo) a uno de tarifas diferenciadas por volumen (no se subsidian determinados bloques de consumo, sino todo el consumo de hogares por debajo de un umbral de consumo establecido) favorece directamente al 40 por ciento más pobre de la población. Pero no todo queda en el diseño. Aunque suena evidente, la cobertura promueve la efectividad de un subsidio. ¿Quién se beneficia en un país que tiene el mejor programa de subsidios a la electricidad pero donde los más pobres no tienen acceso a la electricidad? Por ejemplo, en Guatemala, el 80 por ciento de la población más pobre que no recibe un subsidio a la electricidad no lo recibe pues no tiene acceso a ella.
Mencionaba que cualquier cambio en los esquemas vigentes de subsidios tiene un costo político. Imagine que de pronto el gobierno elimina el subsidio que usted recibía sobre los combustibles. ¿No estaría usted molesto por qué le han quitado un beneficio? Muchos opinan que las mejoras reformas de subsidios son aquellas en las que la gente no se entera. Pero no es cierto. Hay muchos casos exitosos documentados a lo largo de los últimos 20 años donde se observa que el apoyo público puede ser ganado con un plan de reforma explicado detalladamente y con una estrategia de comunicación de largo alcance (como en Turquía y Armenia). Además, es necesario implementar medidas que mitiguen los potenciales aumentos de tarifas sobre los más pobres. Lo que queda claro es que ninguna reforma de este tipo puede ser improvisada.