En los últimos meses en algunas ciudades de Latinoamérica han comenzado a desarrollarse protestas por parte de gremios de taxistas en contra de los servicios de Uber e Easy Taxi. ¿La razón? Son ilegales.
En efecto, por ejemplo, en México D.F. para prestar el servicio de taxi, se necesita una concesión la cual supone una previa convocatoria. Así, el servicio de taxi en calidad y cantidad está controlado por el Estado. En Santiago de Chile, la situación es similar previa obtención de una autorización, la cual puede ser revocada si el taxista registra 3 amonestaciones ante el Ministerio de Transportes. En Bogotá o Cali la situación tampoco varía mucho pues existe un límite en la cantidad de taxis que puedan prestar el servicio, por esto, ahora han comenzado a generarse problemas en estas ciudades respecto a la compra de “cupos” para prestar este servicio.
Por esto, en abril de 2016 en Argentina, mediante una orden judicial se bloqueó Uber por poner en riesgo la seguridad pública y prestar un servicio sin autorización del Estado. En Colombia tuvo que reglamentarse la utilización de estos servicios a fin de evitar una competencia desleal en contra los taxistas tradicionales. Incluso, el Gerente de Uber propuso que una parte de las ganancias de cada viaje de la aplicación se destine a los taxistas de Colombia. En Chile, el propio Ministro de Transportes consideró a Uber como competencia desleal y llamó a los usuarios a no utilizar dicho servicio.
El contexto parece no ser diferente en otras ciudades del mundo, salvo en Lima.
En principio, para prestar el servicio de taxi en la capital es necesaria la autorización por parte de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, cifras de la GTU, señalan que al 2015, existían 200,000 taxis en Lima, de los cuales solo 91,000 tenían autorización, menos del 50%. En este sentido, no resultaba extraño el vínculo entre la inseguridad y la informalidad en el servicio público, mas aún con los “taxis colectivo” y la ineficiencia del transporte público en general en la ciudad.
Frente a esto, la aparición de empresas que ofrecen servicios de transporte mediante el uso de aplicaciones para teléfonos han supuesto una solución ultra liberal, privada, e inmediata a la inseguridad que generaba tomar un taxi en Lima. En tal sentido, es difícil encontrar en Lima usuarios disconformes con dichos servicios pues te ofrecen desde pagos con tarjeta de crédito, acumulación de millas por cada viaje, autos relativamente nuevos y hasta la información personal del conductor, algo en apariencia, mucho mejor al modelo de taxi que existía hasta hace unos pocos años.
Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva formalista, el servicio es tan ilegal como lo es en otras ciudades pues, por ejemplo, la afiliación a Easy taxi solo supone la revisión del vehículo a utilizar, la verificación de antecedentes penales, policiales, judiciales y record de conductor, seguido de una evaluación de aptitud psicológica, verificación domiciliaria, y una capacitación en el uso de la aplicación. ¿Y la autorización para prestar el servicio?.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, consideramos que estas empresas no son el problema, sino la calidad en taxis y falta de eficiencia en la regulación por parte del Estado frente a un servicio público, sumado a la no presencia de gremios del transporte público que propongan soluciones a un problema del día a día.