Todo empezó mal, por Arturo Garro Miró Quesada

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Todo empezó mal. El Poder Ejecutivo convocó a elecciones generales recién el 13 de noviembre de 2015, es decir, el último día de plazo que le da la Constitución al gobierno para realizar esta convocatoria. Recordemos que gobiernos anteriores han efectuado esta convocatoria con mínimo 6 meses o con 165 días de antelación.

Cabe mencionar que los procesos de presentación de candidaturas (ya sean presidenciales y congresales), como las posteriores tachas o exclusiones, no se pueden efectuar antes que el Poder Ejecutivo haga la convocatoria a las elecciones. Por consiguiente, el retraso en la convocatoria para las elecciones de este año ha tenido como consecuencia la demora en todo lo que concierne a la realización de este proceso electoral.

El casual o intencional retraso en la convocatoria a elecciones ha generado que a 25 días de los comicios del 10 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúe evaluando pedidos de tachas y exclusiones con sus respectivas apelaciones. Tengo una pregunta: ¿Por qué el Congreso introdujo la nueva ley de elecciones con un proceso electoral en marcha? ¿Será porque acaso uno de los beneficios de esta ley es que los partidos que pasen la valla podrán recibir financiamiento público en proporción de la votación que obtengan? ¿No podían esperarse a la siguiente elección?

La situación que estamos viviendo hoy –entre tachas y exclusiones- pudo haberse evitado si existiera un límite para la presentación de tachas y exclusiones. Pero en cuanto a las exclusiones, no puede ser que estas puedan presentarse hasta 10 días antes de la elección; esto denota informalidad y falta de seriedad. En cuanto a las tachas, ya el plazo para presentar este recurso venció, pero el JNE sigue evaluando pedidos de tachas presentados previamente (recién el lunes 14, el JNE emitió su fallo desfavorable a la tacha presentada contra la lista congresal por Lima del Frente Amplio). Aquí vuelvo a lo que mencioné al principio de esta columna: la demora en la convocatoria a elecciones por parte del Poder Ejecutivo, ha tenido como consecuencia que se genere un clima innecesario de inseguridad y de acusaciones irresponsables de fraude.

Ya estamos, como bien reza el dicho, sobre el caballo y solo queda cabalgarlo. Pero ello no quiere decir que nos preguntemos por qué no se pusieron plazos límites para la presentación de tachas y exclusiones no estén muy próximas al día de los comicios; no olvidemos que también hay oportunidad de apelar y ello dilata más la definición del panorama electoral.

Esta indefinición entre tachas y exclusiones no ha permitido tener más de un debate presidencial; porque uno solo (que se celebrará el domingo 3 de abril), no es suficiente para contrastar los planes que los hasta ahora 15 candidatos presidenciales tienen para el país y cómo los pondrían en práctica. Si la memoria no me falla, hace cinco años a por estas fechas ya estaban ocurriendo los debates de los equipos técnicos y se estaba por realizar un segundo debate presidencial de los cuatro que hubieron previos a la primera vuelta de 2011.

Otro detalle que en lo personal me llama la atención, es que 28 de los 42 distritos que conforman la circunscripción de Lima Metropolitana, al igual que dos distritos de la Provincia Constitucional de El Callao y uno de Lima provincias, vamos a utilizar el sistema de votación electrónica; en el caso del distrito donde vivo lo utilizaremos por primera vez. ¿Y por qué no se dijo desde –por ejemplo- desde comienzos de este año que se implementaría el sistema de votación electrónica? ¿Por qué la ONPE no comenzó con mayor antelación a capacitarnos en la utilización de este sistema? Señores de la ONPE, no basta con un enlace microondas para educar sobre este tema, deben de dedicarle más tiempo si es que su intención es que el proceso sea más ágil y los resultados estén más rápido. Otra cuestión. ¿Qué se hará con los votantes de los distritos que no estén enterados de este cambio y que el 10 de abril esperarán una cédula de papel y a cambio los recibirá una computadora? ¿Votos perdidos? En mi modesta opinión, creo que este cambio debió avisarse desde diciembre del año pasado para que tanto votantes como partidos políticos tomen sus previsiones al respecto y se eviten malos entendidos.

El imperio de la ley es necesario y fundamental para tener un país serio de cara a la llegada del bicentenario. Pero esto no quiere decir que esta elección las propuestas y debates le han cedido –de mala manera- la posta a los abogados y magistrados electorales en todas sus instancias.

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