Topes a tasas de interés bancarias: inconstitucional y perjudicial, por Alejandro Oliva

"Si el Estado busca combatir el 'oligopolio' bancario, debe promover mayor facilidad de ingreso al mercado financiero, no fijando precios; porque la intervención Estatal sobre estos genera escasez, perjudicando al mismo que pretenden ayudar, el consumidor".

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El pasado 18 de marzo el Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley N ° 31143, “Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros”. Esta medida legislativa establece que las tasas de interés que cobran las empresas del sistema financiero, se determinan por la libre competencia dentro del límite establecido por el Banco Central de Reserva en ejercicio de sus atribuciones. Sin embargo, lejos de proteger al consumidor, lo perjudica.

Las tasas de interés, en el mercado de consumo, se debe al perfil de riesgo de los clientes. Es decir, a mayor riesgo que presente el cliente (historial de pagos, deudas e ingresos) mayor será la tasa ofrecida. Así, lo único que producirá fijar los precios a las tasas de interés, es que a mayor demanda de potenciales clientes (microempresarios o pequeños empresarios que presenten un mayor grado de riesgo) menor será la oferta. Por otro lado, a pesar que el ejecutivo observó este proyecto en febrero por sus negativas consecuencias económicas, el congreso decidió aprobarla por insistencia, ignorando también, visos inconstitucionales. Esto último porque el Perú tiene un régimen económico, según el artículo 58 ° de la Constitución Política del Perú, de una economía social de mercado. Bajo este régimen se reconoce la libertad de contratar (art. 62 °) la cual garantiza que las partes puedan pactar válidamente sus acuerdos. Ahora, cuando un potencial cliente acuda a una institución bancaria solicitando un préstamo con un historial crediticio de riesgo, el banco no va a acceder darle el préstamo, porque los precios que el tope pueda exigir, no irían acorde al historial crediticio del potencial cliente, no pudiendo satisfacer la necesidad de este. Lo que sería diferente y, como venía ocurriendo, que el banco oferte un precio y si el cliente accede, contraten. Esto muestra una intervención Estatal injustificada pues, lo que era una decisión entre dos particulares, se volvió una decisión del Estado, estando totalmente apartado de las facultades que este puede realizar bajo nuestro régimen económico. Si el ejecutivo decidiera demandar ante el Tribunal Constitucional, podría obtener un fallo favorable.

Si bien es cierto que el principal argumento de los que promovían esta medida era defender al consumidor por la poca oferta de servicios bancarios, la medida optada no es, ni siquiera, la más beneficiosa para ellos, terminará siendo perjudicial. Esto generará exclusión financiera en los microempresarios, quienes son los que más préstamos solicitan, pero mayor riesgo crediticio poseen; ocasionando que opten por el mercado financiero informal, en busca de créditos a tasas mucho más altas.

Si el Estado busca combatir el “oligopolio” bancario, debe promover mayor facilidad de ingreso al mercado financiero, no fijando precios; porque la intervención Estatal sobre estos genera escasez, perjudicando al mismo que pretenden ayudar, el consumidor.

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