La transformación digital del MIDIS

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La pandemia ha sido el principal motor de la transformación digital en el mundo y con su llegada adelantó un escenario tecnológico que compele incrementar el uso de big data en el sector público. Los beneficios de implementar infraestructura informática son amplios y desarrollan nexos de articulación entre entidades estatales, en especial, en operaciones interdependientes como la emisión de subsidios a poblaciones vulnerables. Alrededor del mundo, cada nación se ha visto obligada a emitir bonos de emergencia de la manera más urgente y, lamentablemente, en gran parte de América Latina con resultados deficientes. En el caso peruano, se atribuyen la falta de bancarización y las dificultades en el sistema de empadronamiento como las principales deficiencias; sin embargo, la carencia de estructura estatal entre instituciones públicas ha jugado un rol crítico en este proceso de desembolso. A pesar de estos defectos, la coyuntura actual ha abierto una importante ventana de oportunidad para el estado, en especial, para la administración financiera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Incitar el desembolso de subsidios es el grito de guerra de varios políticos; sin embargo, muchos de estos funcionarios proponen poco o nada sobre acciones correctivas en un proceso tan complejo y delicado. Los países que canalizaron mejor la difusión de estos pagos entre sus ciudadanos compartían un factor común: sistemas digitales de cobertura amplia. En el caso del MIDIS, se implementó previo a la crisis sanitaria diversas herramientas digitales entre ellas destacan: el Sistema Integrado de Empadronamiento Electrónico y la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Cada una de estas infraestructuras son importantes y efectivas; sin embargo, carece la existencia de un órgano estatal que pueda integrar las bases de datos de más de una entidad gubernamental como por ejemplo: un sistema único de beneficiarios del estado. Es por tal motivo que ninguna plataforma del MIDIS es capaz de publicar información sobre todas las subvenciones del gobierno en una sola base de datos.

La transformación digital del sector público es una necesidad inaplazable y el estado debe tomar en cuenta sistemas tecnológicos utilizados por otros países de la región. Cabe resaltar, el buen funcionamiento del sistema de subvenciones costarricense, SINIRUBE, señalado por el Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo como el sistema con mejor cobertura de registros sociales de América Latina. Este sistema no solo integra información recopilada entre entidades gubernamentales sino simplifica la gestión de toma de decisiones al identificar a ciudadanos vulnerables mediante criterios homogéneos sean: socioeconómicos, índice de rezago educativo, acceso a alimentación, etc. A pesar de la amplia diferencia poblacional entre el Perú y Costa Rica, se debe innovar hacia un sistema de subvenciones uniforme y capaz de eliminar duplicidades en la emisión de beneficios sociales. En otras palabras, poder habilitar al MIDIS con los instrumentos necesarios para evitar sobre costos y acreditar la efectividad de futuros proyectos de inversión social.

El uso de herramientas digitales no solamente se debe limitar al manejo presupuestal del MIDIS sino expandir sus aplicaciones para agilizar procesos de formalización y ampliar la base tributaria entre la población. Según la SUNAT, la evasión tributaria alcanzó una variación porcentual de – 47% en comparación a las cifras del año pasado. A pesar de que actualmente hay una tendencia de recuperación de ingresos tributarios, el estado no puede combatir la informalidad si previamente no logra ubicar correctamente a sus ciudadanos. Es muy sencillo, ninguna entidad gubernamental en el mundo puede obligar a cualquier persona a pagar tributos sin antes tenerlo ubicado. Es importante concatenar las bases de datos entre instituciones para identificar aquellos ciudadanos quienes aprovechan de la informalidad y son aptos para recibir subvenciones pese a que omiten faltas graves como: demandas por alimentos, multas de tránsito u obligaciones fiscales.

En el Perú no se debe cometer los mismos errores sociales que predominan en Argentina y Venezuela. De ninguna manera se puede seguir concediendo demandas demagógicas que exigen una mayor emisión de subsidios sin importar la baja efectividad de los mecanismos de control del MIDIS o siquiera tomando en cuenta el gran incremento del déficit tributario en medio de una recesión. El propósito de cualquier subsidio de emergencia es brindar apoyo económico a la población más vulnerable, no garantizar la permanencia de programas de gobierno temporales impulsados por intereses políticos. El país debe enfocarse en mejorar la cobertura de registros sociales en la población con el fin de evitar gastos excesivos durante la próxima emergencia nacional. Las instituciones gubernamentales deben adaptarse e innovar hacia una transformación digital que les permita optimizar el planeamiento y control de sus operaciones.