La ceguera de Merino, por Gonzalo Ramírez de la Torre

"El oficialismo parece no haber entendido nada".

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Con la destitución de Martín Vizcarra, el Congreso de la República ha llevado al país a una crisis cuyo calibre no experimentábamos hace más de 20 años. El empleo forzado –y hasta despótico– de la figura de la “incapacidad moral permanente” y la sed de poder que, desde hace unos meses, venían demostrando quienes hoy han sido beneficiados con la jefatura del Estado, están suponiendo niveles de agitación social inquietantes, de parte una ciudadanía que en más de una oportunidad se había mostrado mayoritariamente en contra de que se diese un vacancia –78% aseguró que el expresidente debía mantenerse en el cargo, según una encuesta de Ipsos de octubre–.

La indignación ciudadana por lo sucedido, sin embargo, ha sido tomada de forma mezquina y condescendiente por quienes propiciaron y apoyaron el proceso de marras. Se está tratando de sugerir, por ejemplo, que las protestas avalan la presunta corrupción de Martín Vizcarra o que estas responden a los caprichos de un pequeño grupo adicto al expresidente o leal a grupos extremistas. Empero, resulta evidente, al ver a tanta gente común y corriente en las calles, que la molestia emana de la lectura antojadiza que se ha hecho de la Constitución para remover a un mandatario cuya inmunidad debía llevarlo a ser juzgado (y castigado fuertemente, de ser necesario) al final de su mandato para no añadir más inestabilidad e incertidumbre a estos tiempos de crisis. Particularmente cuando aún hay mucho pan por rebanar en el proceso de investigación fiscal. A esto se suma que tan draconiana medida haya sido impuesta por un Congreso con miembros culpables de los mismos –o incluso de peores– vicios que se le imputan al ex jefe de Estado.

Así las cosas, aunque es factible que existan dudas sobre la pertinencia legal de la vacancia –una materia que tendrá que dilucidar el Tribunal Constitucional–, queda bastante clara la nula legitimidad que tiene el régimen de Merino ante la ciudadanía. Una circunstancia a la que le hubiese hecho bien un verdadero gabinete de ancha base, como prometió el ex titular del Parlamento en su primer mensaje con la banda presidencial, que demostrase consenso y dejase claro que el Ejecutivo estará correctamente distanciado del Legislativo.

Pero el oficialismo parece no haber entendido nada. El Consejo de Ministros liderado por Ántero Flores-Aráoz, quien incluso dijo no entender qué motiva a los que han salidos a las calles, es todo lo contrario a lo que se necesitaba para calmar las aguas y conjurar el tufillo prepotente con el que nació este Gobierno. Para empezar, el señor Flores-Aráoz llegó con sus conocidos reparos contra la reforma universitaria –ese conjunto de medidas que este Congreso está empecinado con traerse abajo– y el antecedente de que su bufete de abogados defendió a la familia Luna, que lidera el partido Podemos, abnegado promotor de medidas populistas desde el hemiciclo y dueños de Telesup, universidad que no obtuvo una licencia de la Sunedu. Asimismo, ha incluido múltiples rostros que apoyaron el proceso de vacancia, como el del señor Juan Sheput, y otros que han desestimado las protestas como acciones motivadas por intereses oscuros, como Delia Muñoz (ministra de Justicia) y Fernando D’Alessio (ministro de Educación). En general, una concentración de conservadores que nada se acercan a la idea de consenso.

Además, si quedaba duda sobre lo ciegos que están en el Ejecutivo ante la crisis de legitimidad que padecen, basta con ver las declaraciones de Manuel Merino a un medio colombiano sobre las protestas en cuestión: “Tendrán que hacerse las investigaciones, no sabemos las reales motivaciones”. Una frase absurda y déspota ante la pluralidad de voces que están participando en estas movilizaciones, lo que deja claro que no están impulsadas por otra cosa que la indignación de una ciudadanía que se ha sentido traicionada, en el peor momento, por sus políticos.

Además, amenazar con una investigación o, incluso, con denuncias (como ha planteado el parlamentario Otto Guibovich, vocero de Acción Popular) el ejercicio del derecho democrático a la protesta no hace más que atizar las tensiones y otorgarle al oficialismo un tono meridianamente autoritario.

En suma, si el señor Merino y compañía quieren que impere la estabilidad y lograr obtener la legitimidad que hoy no tienen, es claro que tienen que cambiar de actitud y reconocer las cosas como son, no tratar de ampararse en teorías conspirativas sin sustento. Ah, y tampoco haría mal cambiar un Gabinete que, en este contexto, es una afrenta.