¿Ultimátums? Empiece por casa, presidente; por Gonzalo Ramírez de la Torre

"Sería interesante ver al presidente planteando ultimátums para darle solución a problemas que el Gobierno descuida desde hace años".

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El miércoles, el presidente Martín Vizcarra decidió probar otras herramientas de su arsenal populista y lanzó una severa amenaza contra las clínicas privadas: si no llegaban en 48 horas a un acuerdo con el Ministerio de Salud para recortar las tarifas que cobran a los pacientes de COVID-19, serían expropiadas. El acuerdo se alcanzó a las pocas horas.

Luego de escuchar a múltiples constitucionalistas, entre ellos a la titular del Tribunal Constitucional, resulta evidente que hubiese sido muy difícil que el mandatario cumpla con sus conminaciones ciñéndose a la ley. Hoy en día, a diferencia de lo que sucedía en la dictadura militar, una expropiación no se hace con tanques y metralletas, tiene que ser el resultado de una ley aprobada en el Congreso y tiene que pagársele un justiprecio en efectivo a los afectados. Un proceso casi imposible de cumplir de manera rigurosa en el corto plazo propuesto por Vizcarra y que deja claro que se debieron explorar otros caminos de negociación para cubrir los gastos de las personas que lo necesiten antes de recurrir a este tipo de intimidaciones.

Sin embargo, al presidente la jugada le salió como esperaba. Aunque algunas fuentes dentro del rubro de los nosocomios privados señalan que ya se estaba cerca de un acuerdo cuando el jefe del Estado lanzó su amenaza televisiva, el público se ha quedado con la imagen de que nuestro gobernante es un fiero defensor de los intereses ciudadanos y un osado general en la lucha contra los ricos y poderosos. Aunque el problema no se hubiese remediado en diez horas (como ocurrió) y el Gobierno hubiese tenido que proceder como anunció, el aplauso ya lo tenía garantizado.

Pero este tipo de acciones cumplen un propósito adicional. Mientras la atención está en el villano de turno (las clínicas) designado por el Gobierno, el problema de fondo persiste y los responsables pasan desapercibidos. Es legítimo cuestionar el comportamiento de algunas clínicas y la medida en que estas han puesto de su parte en esta crisis, pero la única razón por la que tantas personas aseguradas por el Estado tuvieron que acudir a ellas es porque el sector público no se pudo dar abasto. Y aunque el colapso de los hospitales hoy en día se explica por la pandemia, estos vienen ofreciendo servicios deficientes desde hace décadas y la brecha que existe entre ellos y los centros de salud particulares es abismal. Resulta insólito, por ejemplo, que el sector privado haya atendido al 21,2% del total de pacientes internados en cuidados intensivos por COVID-19 (ACP) cuando su cobertura habitual solo alcanza al 5% de la población (IPE).

Como hemos dicho antes desde este espacio, el Estado ha tenido los recursos económicos para hacer reformas en el sector salud (y en muchos otros), pero ello no ha ocurrido. Es más, el año pasado el Ministerio de Salud solo ejecutó 41,2% de su presupuesto para proyectos (y no ha gastado ni el 30% de lo destinado a enfrentar el COVID-19). Una circunstancia que, lamentablemente, no suscita la furia afiebrada que el jefe del Estado desplegó el miércoles pasado.

En ese sentido, por un tema de coherencia, sería interesante ver al presidente planteando ultimátums para darle solución a problemas que el Gobierno, y el Estado en general, descuidan desde hace años. Establecer un plazo perentorio a Sedapal, por ejemplo, para que elabore un plan para que las zonas pobres no paguen más por el agua que las ricas y para que el recurso llegue a más personas sería interesante. También lo sería darle 48 horas al Ministerio de Trabajo para que convoque a un grupo de especialistas para emprender una reforma laboral que flexibilice un sistema que mantiene a millones en la informalidad. Y si después de eso sigue con ganas de lanzar más amenazas útiles, que le exija al Ministerio del Interior mejoras en el equipamiento de los bomberos y la policía o al Ministerio de Educación que construya colegios con condiciones mínimas de calidad en las zonas rurales o al Ministerio de Energía y Minas que destrabe proyectos de inversión minera y se traiga abajo la inútil y costosa Refinería de Talara.

En fin, presidente, empiece por casa.

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