Un acto de totalitarismo del Ejecutivo

«La cuestión de confianza ha terminado desnaturalizándose, convirtiéndose en una herramienta política que se utiliza para amedrentar y no como una última ratio para el manejo de un gobierno.»

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El día jueves 17 de 2022, el premier del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentó una cuestión de confianza ante el Congreso de la República. Este mecanismo faculta al presidente del Consejo de Ministros para someter al voto de los congresistas un acto de su agenda de gobierno. De ser el caso que se niegue dicha petición, el gabinete termina por disolverse. Esto se debe a que el gabinete carece de la confianza del congreso y por ende no tiene la legitimidad de permanecer en el cargo. Posterior a esto, un nuevo gabinete, tiene la opción de plantear una segunda cuestión de confianza; siendo que si esta se vuelve a denegar, el Congreso puede ser disuelto por el Presidente de la República, y debe llamarse a nuevas elecciones para determinar si los congresistas tienen legitimidad de la población.

 

No obstante, la cuestión de confianza ha terminado desnaturalizándose, convirtiéndose en una herramienta política que se utiliza para amedrentar y no como una última ratio para el manejo de un gobierno. En consecuencia de esto, el jueves 21 de octubre del 2021 se publicó una ley de interpretación de la cuestión de confianza, que tiene por objeto plantear en qué casos el congreso está obstaculizando las decisiones de un gobierno. Es así que, la ley 31355 menciona: “está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos.” 

El primer ministro Aníbal Torres ha planteado una cuestión de confianza con el fin de aprobar el Proyecto de Ley 3570, este busca derogar la ley 31399, la cual establece que todo referéndum de reforma constitucional debe ser convocado por el presidente por disposición del Congreso. Al derogar esta ley, se abre la posibilidad de someter a votación derechos básicos para nuestra democracia, sin tener como fuerza de contrapeso la votación del Congreso de la República.

Aun siendo preocupante la cuestión de fondo, no se puede dejar de mencionar que este hecho resulta ser una muestra de autoritarismo irrefutable de parte del ejecutivo. En primer lugar se percibe un acto de mala fe, siendo que la cuestión de confianza se planteó simultáneamente a la publicación del proyecto de ley. Esta propuesta legislativa, deja de ser el fondo de interés del ejecutivo, y se muestra como la herramienta que busca eliminar la  primera opción de denegatoria de cuestión de confianza del Congreso.

Además, ello  va en contra de lo que dicta la ley 31355 (la cual ya ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional). Como se mencionó anteriormente, esta Ley estipula que no se puede plantear cuestión de confianza sobre los procedimientos que son potestad netamente del Congreso. De esta manera, al momento de ingresar una iniciativa legislativa, esta tiene que pasar por la comisión que corresponda, y a su vez, dicha comisión debe  emitir un dictamen que ajuste la norma a los parámetros señalados por el reglamento del Congreso (que no viole derechos fundamentales, tenga razonabilidad, análisis costo beneficio, etc), para posteriormente generar un dictamen que será votado en el Pleno. Bajo ese contexto, Aníbal Torres pretende que se ignore todo este procedimiento y se vote por su proyecto el mismo día que se publicó. Acto que violenta todo procedimiento legislativo y busca inutilizar las funciones más básicas del parlamento.

Por ello, lo realizado por el ejecutivo, representado por el presidente del Consejo de Ministros, es  muestra de una actitud autoritaria, carente de sentido democrático, con nulo respeto por las instituciones. Una interpretación forzada y conveniente de la Constitución que deja de lado una ley ya ratificada por el Tribunal Constitucional. Una muestra de amedrentamiento que aumenta la inestabilidad política en el país.

A tan solo unos días de la llegada de la OEA, por petición del mismo ejecutivo, el gobierno de Pedro Castillo logra dar finalmente una muestra de transparencia, que las únicas personas interesadas en realizar un golpe de Estado, son quienes integran su gobierno.