Los estados firmantes del Pacto de San José y la Convención Americana de Derechos Humanos no están de acuerdo en su mayoría con el comportamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace décadas, los gobiernos americanos se preguntan si realmente es útil para sus pueblos la Organización de Estados Americanos, con sede en la capital de los Estados Unidos, y ahora se preguntan si el sistema de defensa de derechos humanos es igualmente útil o no para sus pueblos.
Es fundamental recordar, en palabras llanas, que los estados son los dueños de esas organizaciones. No son vasallos, son señores, al decir del Mío Cid. Si no queremos estos organismos los podemos cerrar. Podemos ahorrarnos el dinero de sostenerlos. Podemos olvidarnos de que han existido. Podemos patear el tablero con absoluta soberanía.
Los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Lenin Moreno de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Sebastián Piñera electo de Chile, Michel Temer de Brasil, entre otros, se interrogan sobre las ventajas que pueden tener para sus naciones estos organismos, que se quien anteponer a sus constituciones y que están manejadas por funcionarios hábiles en la maniobra internacional, pero que al no ser elegidos directamente por el pueblo, no lo representan.
Puede ocurrir que, en estas primeras décadas del siglo XXI, seamos espectadores de un cambio radical en las organizaciones panamericanas, para poner cada nivel legislativo y cada órgano ejecutivo en su lugar. La historia enseña que para aplicar una norma y hacerla operativa es conveniente primero preparar a la población en esos valores universales como son la libertad, la verdad y la solidaridad. De lo contrario, nos ponemos la soga al cuello sin necesidad alguna.
El caso peruano es como siempre digno de análisis. Hemos sufrido dos vendavales terroristas como el partido comunista sendero luminoso y el movimiento revolucionario túpac amaru, que atentaron gravemente contra la constitución del estado y del sistema democrático, con muertos y heridos a mansalva. Con una población de 32 millones de habitantes somos una nación media entre los tres gigantes de América Latina –Argentina, Brasil y México- y las naciones más pequeñas. Por tanto tenemos mucho que decir.
Hay que comenzar por el principio: cómo queremos que sea la OEA, como queremos que sea el sistema de defensa de los derechos humanos. Hasta qué punto queremos renunciar a la soberanía nacional, con realidades tan distintas como tiene cada pueblo de América Latina. Y lo que es más importante, cuáles son los funcionarios que mandan, maniobran y manipulan ideológicamente el sistema de defensa de los derechos humanos. O no los necesitamos para nada.
Esta es una tarea para Torre Tagle. Es la diplomacia peruana la que tiene que poner los pies en la tierra. No estamos en el paraíso terrenal. No somos perfectos. Tenemos que hacer las cosas de manera tal que correspondan a la voluntad soberana del pueblo peruana. No podemos hipotecarnos a ideologías de moda, pasajeras y muchas veces ajenas a la realidad. Y, lamento decirlo, primero hay que ver si nuestra diplomacia está capacitada para realizar esta tarea o, como ya se ha hecho por lo menos dos veces –una con Belaunde, otra con Fujimori- primero hay que limpiar la casa antes de abordar el tema.