Una nueva normalidad, la orwelliana, por Michel Hoffmann

La suspensión perfecta de labores o alguna otra medida, ¿es válida para los trabajadores del Estado cuyas labores no son esenciales durante la cuarentena?

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El Gobierno de Martín Vizcarra ha lanzado y recomendado la aplicación “Perú en tus manos”, la cual permite acceder a información acerca del avance del coronavirus. Con ella, usted puede conocer si está infectado sin recurrir a las pruebas instantáneas (la mayor parte de ellas con resultados equivocados) o moleculares. No obstante, al aceptar las políticas de privacidad de la aplicación usted “proporciona número de documento de identidad, teléfono de contacto, geolocalización y datos relativos a la salud” Adicionalmente, “los datos de la aplicación serán almacenados en los servidores de Google Inc., y los datos relativos a la salud serán almacenados en servidores de Amazon Web Services”. ¿Qué significa todo eso? Veamos.

Si bien es cierto, el uso de la aplicación no es (todavía) obligatoria, pero sí un intento de control ciudadano. ¿Hasta que punto llevará el Gobierno Peruano esta iniciativa de vigilancia? La pregunta es válida para quienes creemos en la libertad y la privacidad de las personas enmarcadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este contexto, no deja de llamar la atención el “detector de contacto cercano” impuesto a la población por el gobierno autoritario chino. La “geolocalización” es una manera de restringir y direccionar el libre tránsito de las personas. La inspiración parece ser la novela escrita por George Orwell, 1984, donde el Gran Hermano, vigilante y omnipresente, invade la privacidad de las personas, manipula la información y “vaporiza” a las personas por sus ideas distintas y contrarias al régimen totalitario.

Esta nueva normalidad creada por el Gobierno es singular: los trabajadores públicos cobran y algunos pocos trabajan. Según el diario oficial “El Peruano”, a enero 2019 la cantidad de trabajadores del sector público ascendió a 1.45 millones de personas, un incremento del 1.31% respecto a los últimos 12 meses; trabajadores públicos al margen del desangrando socio-económico del resto de la población. La nueva normalidad creada desde un escritorio ministerial, impone protocolos de bioseguridad y controles que frenan el libre desempeño del sector privado, sea este micro o gran empresa, formal o informal, sometiéndolos a lentísimas “autorizaciones de reanudación de actividades” y persecución.

¿A los trabajadores públicos –aquellos cuyas funciones no son esenciales para la gestión de la cuarentena– se les debería aplicar la suspensión perfecta de labores (cese temporal del trabajador) o alguna otra medida que se aplica en el sector privado? Vale señalar que el Estado no crea empleo ni genera riqueza. El sector privado sí, con su creatividad y esfuerzo promueve el bienestar de la población. Con el pago de impuestos sostienen el aparato estatal. El intento de control ciudadano se desarrolla por medio del acoso al trabajo por parte de la burocracia. Las pequeñas y micro empresas (pymes) se quedaron sin liquidez y la reactivación económica es más difícil para ellas.

Después de 80 días de cuarentena la población necesita salir a trabajar. O lo mata el virus o el hambre. El miedo al contagio se agotó. No obstante, la defensa de la libertad no cesa. Trabajar en casa es la excepción: para los afortunados. Es, entonces, indispensable salir a trabajar de manera ordenada, utilizando mascarillas, guardando el distanciamiento físico y practicando la higiene. Por propia voluntad. Más libres y menos vigilancia. Más igualdad y menos privilegios.

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