Una recomendación que va al tacho de la basura

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El 19 de mayo, Gustavo Adrianzén, ministro de Justicia, afirmó que la resolución N° 18/2015, del 14 de mayo de 2015, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el encarcelado ex presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos, en la que pide resguardar su integridad, es notoriamente improcedente e injustificada para el Estado Peruano, pues carece de fundamento legal.

El ministro Adrianzén opinó que esa Comisión no está facultada por la Convención para emitir este tipo de medidas cautelares. Entonces, el Gobierno Peruano no se siente en la obligación legal de cumplirla y no lo hará. Comentó asimismo que dicho organismo internacional actúa en perjuicio de los esfuerzos que el actual gobierno peruano viene realizando en favor de la promoción y protección de los derechos humanos.

Como se sabe, Gregorio Santos cumple prisión preventiva en Piedras Gordas I, en Ancón, en un lugar donde recibe visitas, atención médica y otros servicios penitenciarios, procurando alcanzar los estándares internacionales, aunque sabemos que existe en el país un hacinamiento carcelario sin precedentes, que obliga a los internos a ciertos sacrificios, que todo gobierno responsable debe procurar evitar.

Sabemos que el control penitenciario en ocasiones ha caído más en manos de los mismos internos organizados en bandas, más que en los guardianes pagados por el estado. Como sabemos que muchos buscan el trabajo como redención, como ocurre por ejemplo en Piedras Gordas II, especialmente con los que tienen menos de treinta años de edad.

Los penales peruanos albergan a 71,913 internos, cuando su capacidad normal es de 32,250 personas. Ese dato ya nos da una idea del hacinamiento. Si de esa población privada de libertad, hay aproximadamente 35,000 personas que esperan sentencia, ¿por qué habría que tener especial atención con Gregorio Santos, cuya conducta pública lo ha llevado a dónde está?

Es más, habría que preguntarse por qué el presidente de la República no indulta por lo menos a los ancianos que no hayan cometido delitos de sangre, ni de narcotráfico o terrorismo, y que hayan cumplido dos tercios de su condena? Eso sí aliviaría el estado en que vive el resto de los presos, y la sociedad no se afectaría con la liberación de esas mujeres y hombres de la tercera edad, muchos de ellos enfermos, y algunos en estado crítico.

Volviendo a la desprestigiada Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington D.C., hay que estar vigilantes, para conocer qué hacen con el pedido de revisión de lo actuado por el poder judicial peruano con respeto a los valientes oficiales de la Operación Chavín de Huantar, que han sufrido 18 años de procesos judiciales, felizmente archivados, precisamente cuando el actual ministro de Justicia era procurador en el ministerio de Defensa.