Una semana para aprender, por Raúl Bravo Sender

El expresidente Martín Vizcarra es objeto de investigaciones por presuntos delitos y aún goza de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario en juicio. Sin embargo, su vacancia del último 9 de Noviembre fue legal y constitucional. La causal de incapacidad moral permanente se configuró por los cuestionamientos que pesan en su contra y por los que deberá responder ante la justicia. El Congreso no es un tribunal de justicia, por el contrario, es un escenario político en el que son válidos todos los argumentos, incluso los jurídicos.

Vacado el Ingeniero Vizcarra, por sucesión constitucional le correspondía asumir la Presidencia de la República al Presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, quien juramentó al día siguiente. Su falta de reflejos políticos dio lugar a no saber comunicarse y conectarse con la sociedad, conformando tardíamente un gobierno que cometió una serie de errores, encendiendo la indignación popular. Ello fue capitalizado por algunos líderes políticos que convocaron a tres marchas. 

Miles de jóvenes de todo el país vieron en estas manifestaciones la oportunidad para expresarse en contra de un régimen que no sentían legítimo y al que acusaban de ser producto de una serie de componendas debajo de la mesa entre las agrupaciones políticas que votaron por la vacancia de Vizcarra. Pero desencadenaron en lamentables hechos que se llevaron la vida de dos jóvenes, además de heridos y desaparecidos.

No puede dudarse de la espontaneidad y buena fe de todos estos jóvenes que han participado en las marchas. Ellos quieren un país mejor. Hicieron sentir su voz de protesta en contra de una clase política desacreditada y caduca. Por ello, sería deshonesto que algunos partidos políticos pretendan reivindicarse estas manifestaciones en sus propósitos electorales del próximo año. Hábilmente quienes no votaron por la vacancia se subieron al clamor popular y marcaron la cancha entre golpistas y no golpistas al momento de elegir la nueva Junta Directiva del Congreso. Proceso del que salió elegido Francisco Sagasti, y a quien por sucesión le corresponderá asumir como Presidente de la República debido a la renuncia de Merino.

Si lo del 9 de Noviembre fue un golpe de Estado, entonces, lo del 30 de Setiembre del 2019 ¿qué fue? Interpretar la Constitución se ha convertido en un oficio devaluado por estos tiempos. En realidad, toda esta crisis se remonta al contexto que dio lugar al cierre ilegal e ilegítimo de ese Congreso, por el uso excesivo de la figura de la cuestión de confianza por parte del gobierno de Vizcarra, quien al pechar populistamente al Parlamento se expuso a que lo vacaran. 

Existen razones para dudar de todos estos políticos que se han subido al carro de las marchas debido a que están en campaña. A pesar que dicen ser el cambio, no olvidemos que son más de lo mismo pues son evidentes sus nexos con cuestionados regímenes pasados. Los jóvenes deben saberlo y tener presente que el trasfondo de toda esta polarización irracional es el enfrentamiento irreconciliable entre el fujimorismo y la izquierda.

Hay muchas expectativas e ilusiones con el nuevo gobierno. Su función debe limitarse a garantizar las elecciones del próximo año y controlar la pandemia. Hay que ir pensando en ponerle candados, pues de lo contrario el Perú en las próximas semanas se desbordará socialmente en medio de una avalancha de pliegos de demandas de todos los gustos, incluida la que quiere nueva Constitución. La cancha parece ya estar marcada y esa podría ser la agenda de las elecciones generales del 2021. Dar una nueva Constitución en esta coyuntura de convulsión social y política no es recomendable. Una Constitución debe ser dada en medio de la reflexión, para lo que se requiere de tranquilidad.

Estando próximos al bicentenario patrio, no olvidemos que la voluntad de todos los peruanos se expresa en las urnas y no en las calles, por muy indignados que estén los manifestantes. Democracia no es demagogia.

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