Una tormenta perfecta, por Gerardo Távara

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Arrastramos una crisis política cuyos antecedentes pueden llevarnos a los años 80 en que el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA puso a los partidos “contra la pared”, asesinó a muchos líderes políticos y sociales y generó temor en la población. Algunos sectores de la izquierda se vieron especialmente afectados por no marcar distancia de forma oportuna con el terrorismo; mientras que sectores de la derecha política “no entendían” lo que pasaba y apoyaban acciones básicamente represivas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó, analizó y explicó este complejo proceso.

El régimen autoritario de Alberto Fujimori abonó a la crisis política con su discurso antipartido, el control de las instituciones, el populismo extremo, la compra de conciencias y la corrupción y violación a los derechos humanos que llevaron a prisión tanto a Fujimori como a Montesinos y otros de sus principales colaboradores.

Saltando distancias, durante los años recientes la crisis política ha tenido expresión en el enfrentamiento entre un Poder Ejecutivo débil y un Poder Legislativo dominado por el fujimorismo que no termina de aceptar su derrota en las presidenciales del 2016.

Hoy la crisis adquiere un nuevo rostro por el involucramiento en el caso Lavajato de los más importantes líderes políticos y gobernantes del más alto nivel. Las denuncias de corrupción abarcan todo el espectro politico de izquierda a derecha, salvo honrosas excepciones. Toledo, Humala, Keiko, Kuczynski, García, Villarán, Castañeda, Kuori, Flores Nano, Moreno, Villanueva y muchos más aparecen en las listas de la caja 2 de Odebreht o han sido delatados -directa o indirectamente- por Baratta, según informa la prensa.

Como señaló Alberto Vergara hace poco en una columna periodística, un puñado de periodistas, fiscales y jueces valientes han hecho del nuestro un país ejemplar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Pero esto no parece tener final. No hay semana en que no aparezca una nueva denucia y nuevos involucrados. Las investigaciones de la prensa -especialmente de IDL Reporteros, El Comercio, La República y la Televisión- y la actuación de los fiscales especiales liderados por Rafael Vela y José D. Pérez, encargados de interrogar a Baratta y sus compinches, nos traen una y otra vez nuevas “sorpresas” que incrementan la indignación ciudadana.

En este contexto, la demanda para “se vayan todos”  resulta tan comprensible como preocupante.

El presidente Vizcarra parece haber captado esta sensación y la ha convertido en una propuesta para adelantar las elecciones, poniendo “la pelota” en manos del Congreso y la ciudadanía en legítimo ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

Dos semanas después de la propuesta presidencial aparece un audio mediante el cual el presidente Vizcarra habría concertado con los gobernadores regionales del sur la parálisis del proyecto Tía María, lo que lo pone en aprietos que el premier Del Solar ha intentado afrontar, en el rol que le corresponde. Los audios de Tía María han colocado al presidente Vizcarra a la defensiva.

Mientras tanto, el fujimorismo recupera el control del Congreso y surgen voces que demandan la renuncia o vacancia presidencial.

Tal parece que no hay respaldo parlamentario suficiente para aprobar el adelanto de elecciones -66 votos- como tampoco para la vacancia presidencial -87 votos-. Oficialismo y oposición aparecen bloqueados y pasmados.

No parece sencilla la salida a esta crisis. Prolongarla hará más daño. Nos aproximamos, pues, como en la película, a una tormenta perfecta. ¿Cómo saldremos de ésta?

Si no somos capaces de actuar juntos contra la corrupción -como lo hicimos cuando el ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry destituyó a Rafael Vela y José Domingo Pérez- esta tormenta va a continuar y puede arrasar con todo esfuerzo ciudadano. Toca, pues, expresarnos por todos los medios que la democracia ha puesto a nuestro alcance y -por qué no- “tomar” la calle contra la impunidad.

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