Vladimir Cerrón es condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión

El Juzgado de Junín precisó que su resolución contra Vladimir Cerrón no se hará efectiva hasta que una sala superior la ratifique. También se impuso a Cerrón y demás investigados el pago de una reparación civil de S/. 2 millones.

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El Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Funcionarios de Junín dictó este martes, en primera instancia, cuatro años de prisión efectiva contra el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y otros cinco funcionarios por el delito de colusión en agravio del Estado.

En la sentencia también se incluye a Aldrin Zárate, Mercedes Irene Carrión Romero, Luis Donato Araujo Reyes, como autores del delito de colusión; mientras que Serafín Samuel Blanco Campos y Nataly Yanina de la Vega Estrada fueron incluidos en calidad de cómplices.

La sentencia fue emitida por el juez Guido Arroyo, quien precisó que la misma resolución deberá ratificarse en una sala superior para que el líder de Perú Libre sea trasladado a prisión.

También se impuso contra Vladimir Cerrón y los demás investigados el pago de una reparación civil de S/. 2 millones 18 mil que deberán pagar de manera solidaria. La sentencia dictada por el juez Guido Arroyo se ejecutará una vez consentida o ejecutada.

La resolución incluye además para todos los involucrados una inhabilitación para ejercer cargos públicos, así sean conseguidos a través de elección popular, por cuatro años, una vez que sea confirmada la sentencia. No obstante, la defensa de Cerrón y otros funcionarios anunciaron que presentarán una apelación.

Hasta que la resolución se confirme en segunda instancia, Vladimir Cerrón no podrá salir del país y cumplir con registrarse en el control biométrico los lunes de cada semana mientras dure el proceso de sentencia firme.

Caso Aeródromo Wanka

El Ministerio Público le abrió este proceso penal a Vladimir Cerrón luego de que el exgobernador regional de Junín firmó en el 2014 con Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, un contrato para la construcción del aeródromo con un presupuesto de 366 millones de soles sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía.

La Fiscalía también señala que Cerrón, cuando era gobernador de Junín, no debió haber realizado gestiones para genera el proyecto del aeródromo en Orcotuna, provincia de Concepción, pues había una postura del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que alegaban que esta región ya contaba con un aeropuerto y no se debía invertir en la creación de otro.

Además, modificaron la autosostenibilidad del proyecto, situación que afectó la transparencia y legalidad del mismo, que puso en riesgo el uso de recursos públicos para hacer rentable un proyecto que, desde el momento de su propuesta, resultaba sostenible.