Zimbabue: Inversión, expropiación y discriminación

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Hace unos años, el 14 de septiembre del 2005, el parlamento de Zimbabue aprobó la enmienda constitucional 17 sección 16B(2) que establecía que toda la tierra destinada a la agricultura era adquirida por el Estado y que no se pagaría ningún tipo de compensación por dicha expropiación, salvo las mejoras que pudieran haberse implementado antes de la expropiación. Entre los afectados por dicha medida se encontraba la familia Campbell, ciudadanos holandeses con propiedades en el país africano. Ellos reclamaron que la medida era discriminatoria porque el gobierno únicamente había expropiado a propietarios blancos a causa de su raza, sin importar el periodo en el que la tierra fue adquirida (antes o después de la independencia). Además, dichas propiedades no terminaron en manos de los colectivos más empobrecidos de la población, sino en un reducido grupo de allegados al gobierno de Robert Mugabe. Todo lo cual significaba la violación del artículo 6(2) del Tratado de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA).

Por su parte, el gobierno de Zimbabue argumentó que la medida buscaba beneficiar a aquellas personas que habían sido seriamente afectadas por el colonialismo. En ese contexto, daba la casualidad que en su mayoría las tierras eran de propiedad de ciudadanos blancos. Por lo tanto, no existía ningún atisbo de racismo en la medida, por el contrario, se buscaba corregir los efectos de la colonización.

El Tribunal de la CDAA evaluó los argumentos a la luz del concepto de discriminación racial establecido en la Carta de Naciones Unidad (artículo 1.3), la Declaración Universal de Derecho Humanos (artículo 2), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2.1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2.2), la Carta Africana de Derechos Humanos (artículo 2) y la Convención Europea de Derechos Humanos (artículo 14). Y en esa línea, tomando en cuenta lo definido por el Comité de Derechos Humanos (Comentario n° 18) determinó que si bien la medida constitucional no mencionaba directamente a la población blanco, su implementación sí afecta únicamente a los granjeros blancos por lo que constituye una medida discriminatoria indirecta. Más aún, el Tribunal agregó que la medida era injustificada y desproporcional.

No obstante, ahí no acabó la cosa. El Tribunal, acto seguido, reconoció que el objetivo de la medida e implementación de un programa de reforma agraria pudo ser legitimo cuando toda la tierra es efectivamente distribuida a las personas pobres, sin tierra y que han sufrido por la colonización histórica que imperó en ese país. Es más, si la reforma no hubiese sido arbitraria, sino razonable y objetiva; incluía compensación justa y la tierra era distribuida entre los más pobres, entonces la expropiación hubiese sido absolutamente legal. Podría no importar entonces si las principales víctimas del programa eran blancas o si todos los agricultores blancos perdían sus propiedades. Finalmente, el Tribunal cierra el tema citando a la Corte Suprema de Zimbabue (Commercial Farmers Union v. Minister of Lands 2001) fue el otorgamiento de dichas tierras a los allegados al partido de gobierno.

Lamentablemente, el Tribunal no desarrolló con mayor detenimiento lo que podrían llamarse acciones afirmativas en el marco de inversiones internacionales. En ese sentido, la intuición y la experiencia africana en otros países nos podría indicar que bajo determinadas circunstancias medidas que son a todas luces discriminatorias, pero que tienen un fin netamente afirmativo podrían exonerarse del requerimiento de no discriminación en los casos de expropiaciones lícitas[1]. Sin embargo, en el citado caso no se hicieron las disquisiciones relacionadas a los objetivos del programa y a la implementación ilícita del mismo. Sólo se determinó la discriminación y de taquito se incluyeron algunos guiños a la referida acción afirmativa sin dejar en claro cuando, sí podría discriminarse. Estaríamos viendo entonces como entre las grietas podría aparecer una clara excepción, adscrita a determinadas consideraciones, a la prohibición de discriminación en los casos de expropiación de inversiones extranjeras.


[1] D. Zongwe , ‘The Contribution of Campbell v. Zimbabwe to the Foreign Investment Law on Expropriations’ [2010] NLJ 31, 51